La crisis del 'Prestige' fuerza la destitución del presidente de la empresa pública Tragsa

La crisis desatada por el naufragio del Prestige ha provocado la destitución de Roque Manresa como presidente de la empresa pública Tragsa, que se encargó de la limpieza de las costas por el vertido de chapapote. La decisión, que fue adoptada por el consejo de administración de la sociedad en su última reunión, deberá ser ratificada el próximo jueves en junta de accionistas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla la mayoría del capital. El Gobierno acaba de traspasar la propiedad Tragsa de Agricultura a la SEPI.

La Junta General de Tragsa deberá proceder al nombramiento de un nuevo presidente y consejeros del grupo como consecuencia del cambio de propiedad. Para ocupar el cargo que deja Roque Manresa se barajan los nombres de Juan Ignacio Barrero, ex presidente del Senado; Jaime Olmos, asesor del ministro de Agricultura, y Elena de Mingo, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quiere nombrarla, sin embargo, presidenta de la la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero, en contra de las preferencias del sector.

Desde febrero, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el control mayoritario de Tragsa con el 51%; el FEGA, con el 38%; el Patrimonio del Estado, el 10%, y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria y Madrid, el 1%. Aunque la SEPI ostenta la mayoría, el estatuto de la sociedad contempla que para el nombramiento del presidente debe existir acuerdo con Agricultura.

Roque Manresa llegó a Tragsa en 1995 de la mano del ministro Jesús Posada. Anteriormente era delegado del Ministerio de Obras Públicas en Cantabria. Sólo unas fechas antes de que se produjera su destitución nombró adjunto al presidente a Luis Melguizo, antiguo asesor de Posada. En el caso del cese de su presidente, una de las incógnitas que no se ha resuelto es la posibilidad que pueda cobrar la elevada indemnización que tiene firmada.

Instrumento para todo

El relevo de Roque Manresa como presidente de Tragsa era algo que se barajaba ya hace unos meses al no contar con el apoyo de Agricultura ni de Economía, sus dos accionistas. Las desavenencias crecieron por la controvertida actuación de la empresa pública en las tareas de recogida del chapapote vertido en las costas tras el accidente del petrolero Prestige.

El principal problema de Tragsa, según fuentes de la Administración, es la gestión deficiente y la falta de coordinación entre sus diferentes actividades, lo que hace que cada filial vaya por su lado. Tragsa se constituyó en 1977 y entre sus objetivos fundamentales se hallaban los trabajos de infraestructuras relacionados con la concentración parcelaria y la reforestación. Sin embargo, en los últimos años ha ampliado el campo de sus actuaciones hasta convertirse en "un instrumento para todo", desde la compra de aviones a la matanza de vacas abandonadas en León o la citada recogida de chapapote.

Tras el cambio en la cúpula, los nuevos propietarios de Tragsa esperan hacer una especie de refundación de la empresa. Entre otras medidas, perseguirá mayor control y coordinación de todas sus actividades. La SEPI se encuentra con una sociedad de unos 11.000 trabajadores y una facturación superior a los 600 millones de euros que cuenta con varias filiales. Una de ellas es Tragsatec, para el desarrollo de tecnología y servicios agrarios. Entre sus actuaciones figura el Sistema de Información Geográfica en el olivar. En la actualidad, desarrolla el mismo mecanismo de control para la Política Agrícola Común. En la misma línea se ha constituido Tragsega, para desarrollos ganaderos.

Tragsa, por su condición de empresa pública, accede a la adjudicación de contratos de las Administraciones sin competencia. La imposibilidad de ejecutar directamente muchas de esas obras hace que una parte de las mismas, hasta un 50%, las subcontrate. Esta situación ha provocado en los años precedentes las protestas y denuncias ante la UE. Ante las denuncias hechas desde el sector privado, el anterior subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela (jefe de gabinete del ministro de Economía, Rodrigo rato, en la actualidad), encargó en 2002 a la Intervención General de Estado una auditoría sobre las actividades de Tragsa.