Andalucía pierde 275.000 jornales del PER al crecer la inflación más que los fondos estatales

Andalucía va a perder este año 274.681 jornales del PER -ahora denominado Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, Aepsa-. Aunque el Gobierno central no ha aprobado aún el decreto de este ejercicio, el PSOE ha dado la voz de alarma a la vista de las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una subida de los fondos del 2%, la mitad de lo que van a crecer el IPC y los salarios de los jornaleros. Mientras tanto, el Ejecutivo central sigue sin aprobar la nueva Renta Agraria pactada con los sindicatos, con lo que aún sigue vigente el polémico decretazo.

El recorte de jornales del PER ha sido una constante en Andalucía desde el año 1998. Así, el diputado socialista por Jaén en el Congreso José Pliego estima que en los últimos cinco años se han perdido cuatro millones de peonadas y 135 millones de euros en la inversión estatal. "Es evidente que el Gobierno quiere quitar este sistema de protección, pero la presión política y social le ha hecho rectificar, al menos por ahora", sostiene Pliego.

Para este año 2003 el Gobierno central sigue sin aprobar el decreto que regule las inversiones del PER en Andalucía y Extremadura. Esta demora preocupa ya en el medio rural, sobre todo en las comarcas con clara dependencia del olivar. La finalización de la campaña ha dejado ociosos a miles de jornaleros de las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla, principalmente. Para Pliego, "el Gobierno está retrasando de manera intencionada y burda la aprobación de las inversiones del PER con el objeto de acercarlas lo máximo posible a la fecha de celebración de las elecciones municipales".

El diputado a Cortes recuerda que el ministro Javier Arenas se comprometió, cuando estaba al frente de la cartera de Trabajo, a aprobar los decretos del PER en el mes de enero para evitar cualquier manipulación política.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT en Jaén, Pedro Marcos: "El Gobierno retrasa las inversiones como estrategia para ir eliminando el PER poco a poco". Marcos asegura que la normativa estatal que regula este sistema establece que los fondos provinciales deben estar repartidos en el primer trimestre del año, al tiempo que advierte que, no aprobarse en breve, los proyectos del PER deberán asumirlos las nuevas Corporaciones que salgan de las elecciones del próximo mes de mayo, con lo que las obras no empezarían hasta el mes de septiembre.

A la espera del decreto de este año, el PSOE estima que Andalucía perderá 274.681 jornales. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que la subida de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado es de un 2% -el año pasado se congelaron-, pero el incremento previsto del IPC es del 4%, el mismo porcentaje en el que van a subir los salarios del PER de acuerdo con el último convenio de la construcción. Eso provoca que el jornal medio (salario y Seguridad Social), que el año pasado fue de 57,04 euros, se sitúe este año en 67,78 euros, y los jornales pasen de los 2.132.120 del último año a 1.857.439 en 2003.

Los datos han sido puestos en cuarentena desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén, donde se ha destacado que los jornales del PER en esta provincia han sido mayores durante la etapa de Gobierno del PP. Así, frente a los 1.898.123 jornales del periodo 1990-1995, con gobierno socialista, se pasó a 1.939.607 desde 1996 a 2001, con el PP. Pliego considera que se trata de una "verdad a medias", ya que no se tiene en cuenta el mayor número de trabajadores en los últimos años debido, principalmente, a la incorporación de la mujer.

Pero más allá del recorte de fondos, a los sindicatos y a los grupos de la oposición les sigue preocupando la demora del Gobierno en aprobar en el Consejo de Ministros la nueva Renta Agraria anunciada hace dos meses a los sindicatos. Esa circunstancia implica que aún siga vigente el polémico decretazo, con lo que a los jóvenes que solicitan por primera vez su incorporación al Régimen Especial Agrario (REA) se les deniega el acceso.