El pulso del Estado serbio con la mafia

Erradicar el hampa o admitir que la mafia dirige el país. Un jefe policial resumía en estos términos la encrucijada en que se encuentra Serbia, 10 días después del asesinato del primer ministro Zoran Djindjic, que las autoridades atribuyen al clan de Zemun, uno de los grupos mafiosos más fuertes del país.

La cárcel de Belgrado se encuentra llena a rebosar de presos sospechosos de pertenecer a las mafias relacionadas con el atentado contra Djindjic. El viceprimer ministro de Serbia, Nebojsa Covic, declaró que en estos días la policía interrogó a casi 2.000 personas, de las que 800 han pasado a prisión. El estado de excepción, decretado tras el atentado contra Djindjic, permite a la policía mantener a los detenidos incomunicados hasta 30 días. Con todos los instrumentos del estado de excepción ya no quedan excusas para no asestar un golpe decisivo al complejo mafioso-político-policial que permita al Estado recuperar la iniciativa.

La herencia del derrocado Slobodan Milosevic, ahora preso en La Haya, ha resultado muy pesada para Serbia. Los clanes mafiosos, formados por una explosiva mezcla de delincuentes comunes, policías de unidades especiales sin empleo, ex combatientes de los sanguinarios grupos paramilitares de las guerras en la antigua Yugoslavia y antiguos miembros de los servicios secretos, se han enquistado en el aparato estatal y en la sociedad serbia. Como muestra palpable de esta conexión, el pasado miércoles fue arrestado al fiscal general adjunto de Serbia, Milan Sarajlic, por su relación con el clan de Zemun. El Gobierno declaró que Sarajlic estaba a sueldo de los mafiosos y recibía instrucciones de sus capos, Milorad Lukovic alias Legión y Dusan Spasojevic, alias El albanés. El fiscal reconoció haber recibido 150.000 euros de un millón pendiente de cobro por haber dado al clan los nombres de testigos protegidos cuya identidad se mantenía en secreto. Además, Sarajlic había obstaculizado e impedido la investigación de los asesinatos más escandalosos de los últimos años y puesto en libertad a detenidos. La última de las hazañas del fiscal prevaricador fue liberar a Dejan Milenkoviv, alias Bugsy, autor de la tentativa de asesinato contra Djindjic el pasado 21 de febrero. Bugsy lanzó su camión contra el coche de Djinjic, tenía antecedentes penales y sus documentos eran falsos, pero tres días más tarde quedó en libertad y desapareció del mapa.

Para propiciar la caída de Milosevic y su régimen, Djindjic había negociado en octubre de 2000 con Legión, entonces jefe de las fuerzas especiales de la policía, los llamados boinas rojas, una unidad plagada de los paramilitares más sanguinarios de las guerras de Croacia, Bosnia y Kosovo. A cambio de que los centenares de miles de manifestantes en las calles de Belgrado no atacaran a los policías y militares y, tal vez, de una futura inmunidad, Lukovic prometió a Djindjic que los boinas rojas no intervendrían para salvar a Milosevic. Después Djindjic llegó a declarar que no entregaría al Tribunal Penal Internacional de La Haya para la antigua Yugoslavia (TPIY) a las personas que habían facilitado la caída del régimen. Tras unos incidentes, con disparos de por medio, Legión dejó su puesto en las fuerzas especiales y pasó a trabajar a pleno empleo con la mafia de Zemun, un barrio de Belgrado, rival del clan de Surcin, la zona donde se encuentra el aeropuerto de la capital serbia.

La guerra entre clanes alcanzó su punto culminante a finales de febrero. El mafioso de Surcin Ljubisa Buha alias Cume, que se jactaba de haber contribuido a la caída de Milosevic con el apoyo de su gente armada, acusó desde el extranjero, adonde había huido, a Legión y al clan de Zemun de haber cometido 30 asesinatos y de los crímenes y atentados sin resolver más escandalosos del final de la era Milosevic y de la actual transición en Serbia. Cume presumía de ganar 25.000 euros diarios con sus ocho máquinas de asfaltar, que le proporcionaban las contratas del Gobierno para reparar la deteriorada infraestructura vial de Serbia.

El semanario Identitet, que apareció la víspera del atentado con el anuncio de que un francotirador podría disparar contra Djindjic, y que ha sido clausurado, publicó la grabación de una conversación de Djindjic con sus colaboradores en la que se debatía la posibilidad de detener a Legión y a El albanés. Identitet está considerado como próximo y financiado por este grupo mafioso. Djindjic comentó la publicación de su conversación como la constatación de que la mafia dispone de medios más poderosos que el Gobierno.

El Tribunal de La Haya comenzó a presionar para la entrega de varios criminales de guerra reclamados, como el ex general Ratko Mladic y los responsables de las matanzas de Vukovar en Croacia. Además, el TPIY se interesaba por Legión y los presuntos criminales de los grupos paramilitares, que se sintieron acorralados y amenazados de extradición. Presionado por el TPIY, Estados Unidos y la Unión Europea, que amenazaban con cortar los créditos a Serbia si no extraditaba a los presuntos criminales de guerra, Djindjic y su Gobierno iban a firmar nuevas extradiciones. Las balas del francotirador se lo hicieron pagar a Djindjic. Davor Lukac, un periodista experto en mafias comentó a EL PAÍS: "En Serbia los favores se pagan". A Djindjic se le olvidó pagar el favor de Legión y los boinas rojas el día en que cayó Milosevic.