Causas de la ilegalización

Ninguna ley puede aplicarse retroactivamente, por lo que ETA y Batasuna pudieron haber evitado la ilegalización de la segunda tras la aprobación, el pasado verano, de la nueva Ley de Partidos. Pero la respuesta de la banda fue asesinar a una niña y a un jubilado en Santa Pola, y la de su brazo político, afirmar que no condenar los atentados de ETA era "una seña de identidad" propia. El mismo silencio siguió a la extensión por parte de ETA de su amenaza explícita a todas las sedes y actos de los partidos rivales del nacionalismo, que fueron declarados "objetivo militar". En esas condiciones, la defensa del derecho de Batasuna a seguir teniendo existencia legal, es decir, a participar en la competencia electoral como un partido más, subvencionado con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos, se convirtió en una misión imposible. Ayer, el Tribunal Supremo decidió su ilegalización.

La Constitución ofrece, frente a posibles extralimitaciones del poder, una especial protección a los partidos, pero con la cautela de exigir que "su estructura interna y su funcionamiento habrán de ser democráticos". ¿Puede considerarse democrática la estructura y funcionamiento de un partido sometido a una organización terrorista? Que Batasuna lo está a ETA no sólo lo dice el juez Garzón. El nacionalismo vasco lo reconoce cada vez que insta al brazo político a emanciparse de ETA. Durante años, la propia Batasuna (antes HB) lo admitía alegremente: "Votar HB es votar ETA". El auto de Garzón está lleno de evidencias de la forma como se manifiesta esa tutela de ETA, incluso en torno a decisiones como la participación o no en determinados comicios, la inclusión de presos en las listas o el sentido del voto en los parlamentos.

ETA ha condenado a Batasuna a la ilegalidad. Hay partidos independentistas legales; lo que no parece lógico es que participe en la competición democrática un partido que forma parte de un entramado con un pie en la legalidad y otro fuera de ella. No se trata ya de la utilización de la democracia para combatirla, sino de hacerla imposible. Si uno de los participantes en las elecciones forma parte de un entramado que acosa y elimina físicamente a los representantes de los partidos rivales, y considera objetivo militar a todos los asistentes a actos de esos partidos, no puede haber igualdad de condiciones ni, por tanto, democracia. Luego el primer deber de los gobernantes -no una prioridad entre otras, sino una obligación previa a cualquier consideración- será impedir que continúe esa situación.

Ése es el fundamento democrático de la iniciativa de una Ley de Partidos como la ahora aplicada. Durante 20 años, ETA intentó desestabilizar la democracia atacando al aparato estatal (militares, jueces, policías) con el fin de provocar una negociación. Pero desde mediados de los noventa su prioridad ha sido imponer una mayoría soberanista atacando directamente a quienes se oponen a esa ideología. Desde 1995 ha asesinado a 24 concejales y políticos de PP y PSOE, sin que ni una sola vez haya cuestionado Batasuna el derecho de la banda a hacerlo. El abogado de esa formación argumenta que no condenar atentados no puede ser causa de ilegalización. Aisladamente, no; pero no es lo mismo que se abstenga de condenar un partido cualquiera que uno que forma parte de una estructura dirigida por ETA. Las demandas del Gobierno y del ministerio público solicitando la ilegalización de Batasuna sostienen el segundo supuesto, y todo parece indicar, por el sentido de la sentencia, que el Tribunal Supremo ha encontrado pruebas que lo confirman.