Doce años después se inicia el juicio por el 'caso del Edificio Occidente'

La Audiencia de Granada abre mañana las 29 sesiones de vista oral previstas para enjuiciar la presunta estafa inmobiliaria del edificio Occidente, con 14 acusados y más de 200 testigos, en su mayoría perjudicados por un caso que comenzó a investigarse judicialmente en 1990. En los tres primeros días de juicio el tribunal resolvera las posibles prescripciones de delitos y responsabilidad penal de algunos acusados.

El caso llega a la Audiencia de Granada doce años después de que la comunidad de propietarios del edificio Occidente denunciara que los pisos de protección oficial adquiridos sobre plano -desde comienzos de los años 80- no se correspondían con la realidad de las viviendas que les entregaron. La sección primera de la Audiencia de Granada, que verá alterado su normal funcionamiento para la celebración de este juicio, ha señalado cinco sesiones de vista oral durante el mes de marzo, en abril, ocho; en mayo, nueve, y en junio, siete. Para los acusados, funcionarios y técnicos del antiguo MOPU y responsables de la constructora Avila Rojas, la Fiscalía de Granada, pide penas que suman 73 años de prisión, 109 años de inhabilitación e indemnizaciones de 413.183 euros.

El escrito de acusación del fiscal reparte entre los encausados la comisión de delitos de falsedad, estafa y prevaricación presuntamente cometidos en la tramitación de los expedientes, construcción y venta del Conjunto Occidente. El Ministerio Público sostiene que entre 1978 y 1983 Avila Rojas, en connivencia con los responsables del Ministerio de Obras Públicas en Granada -funcionarios, arquitectos y cargos públicos-, urdió una trama para "procurar un considerable beneficio económico en claro perjuicio para los compradores de los pisos".

Según sus conclusiones provisionales, entre la constructora y la delegación del MOPU se alteraron los expedientes de la superficie construida y se cambiaron las plazas de garaje por locales comerciales, entre otras anomalías. La promotora comenzó a vender las 169 viviendas del Conjunto Occidente en enero de 1981 "haciendo constar en los contratos de venta la misma superficie en metros que la que figura en la cédula de calificación provisional" que no se correspondía con la definitiva. "Cuando las viviendas ya estaban vendidas, la promotora presentó una medición, que representaba una elevación en el precio de los pisos", indica el fiscal, quien reitera en su escrito de acusación: "Las medidas ofrecidas en su día, que los técnicos del MOPU dieron por buenas, no obedecen a la realidad". Además de la alteración de los metros construidos, los vendedores repercutieron sobre los compradores, entre otros gastos, los de división horizontal de los pisos y los de la constitución de las hipotecas.

Entre el listado de acusados, se encuentra el empresario y máximo accionista de la promotora José Avila Rojas para quien solicita siete años de cárcel por un delito de estafa, y siete meses de prisión y 300.000 pesetas de multa por falsedad. Entre los miembros del MOPU, figuran el ex director de Obras Públicas, Rafael Villar y el ex delegado de Obras Públicas de la Junta Rafael Salcedo, a los que el fiscal pide 7 y 9 años de inhabilitación respectivamente.