Los municipios destinan a servicios que no les corresponden el 32% del presupuesto

Los ayuntamientos catalanes destinan el 32% de su presupuesto a proporcionar servicios que no son de su competencia y que las administraciones central y autonómica desatienden, a pesar de lo que establece la ley. Este esfuerzo es aún mayor en los municipios que no superan los 5.000 habitantes, donde el gasto no obligatorio supone más del 43% del desembolso total, según datos de un estudio reciente de la Diputación de Barcelona.

Si se tiene en cuenta la distribución de la población de Cataluña, el 82% de los municipios no podría contar con servicios fundamentales como bibliotecas, guarderías o seguridad de no ser porque los ayuntamientos asumen estas competencias que no les corresponden y, además, sin más recursos financieros que los que les otorga la ley.

El diputado de Régimen Interior y Hacienda de la Diputación de Barcelona, Joan Rangel, considera que los datos evidencian la "necesidad de legislar lo que desde hace años es ya una realidad: el reconocimiento formal de unas competencias que teóricamente tendrían que estar asumidas por otras administraciones". Esto se resume en "dotar de más financiación a los ayuntamientos", añade Rangel. Éste considera que la reciente reforma de la Ley de Haciendas Locales, impulsada por el PP y aprobada por las Cortes, no soluciona la situación financiera, a su juicio "crítica", de la mayoría de entidades municipales. Las competencias de los consistorios se recogen en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, donde se fijan los servicios municipales en función del número de habitantes de cada municipio.

Gasto cultural

El estudio revela que en el año 2000 los ayuntamientos catalanes se gastaron 216,25 euros por habitante en servicios sobre los que no tienen competencias. Esta cantidad representa el 32,2% del gasto total liquidado, que fue de 671 euros por habitante. La principal partida de este desembolso extra, con el 19,8% del gasto, es la de actividades culturales (en especial, promoción de la cultura popular y tradicional y del deporte), seguida de la de seguridad y protección civil (19,6%). Y eso, cuando la seguridad se ha convertido en una prioridad declarada de los políticos de casi todo el espectro ideológico desde las distintas administraciones. Le siguen, con el 13,2% del gasto, funciones educativas (conservatorios de música y guarderías), de vivienda (10,4%) y de promoción social, básicamente de empleo, con el 8,6%.

El brío del gasto no obligatorio es mayor en los municipios pequeños, no sólo por lo que tiene que soportar cada habitante, sino porque no todos los consistorios están obligados a prestar los mismos servicios. Así, mientras que los más pequeños destinaban 349 euros por habitante en 2000 (el 62% por encima de la media), los más poblados destinaban 202,7 euros (el 6% por debajo de la media). Rangel advierte de que el deterioro de la financiación municipal puede acabar obligando a los ayuntamientos a abandonar estas prestaciones en perjuicio de los ciudadanos.

El diagnóstico empeora con el tiempo, al menos en Barcelona. Un estudio realizado también por la Diputación hace casi dos años, referido únicamente a los municipios de esta provincia, en el que por primera vez se evaluaba el gasto de las administraciones locales, refleja que el gasto por habitante destinado a actividades que no son de su competencia ha aumentado tres puntos en un año, ya que en 1999 suponía el 29,8% del desembolso.

La repercusión de estos atípicos en las haciendas locales se está traduciendo en un aumento del gasto corriente (el 88,4% del total), principalmente en remuneraciones (42,7%), hasta el punto de que 4 de cada 10 euros que salen de las arcas municipales se destinan a la prestación de servicios no obligatorios. Asimismo, más de la mitad de las transferencias corrientes (subvenciones) están vinculadas a actividades que tampoco les competen. Las inversiones reales suponen sólo el 11,3% del gasto no obligatorio, mientras que las cargas financieras son ínfimas, el 0,3%.