Abolición de la deuda externa, una demanda desoída

Se cumplen tres años de la consulta ciudadana en torno a la deuda externa que movilizó a miles de activistas en todo el Estado y que recabó más de un millón de firmas pese a ser ilegal, tanto en las formas, por coincidir con elecciones al Parlamento, como en el fondo, por tocar temas excluidos de todo tipo de iniciativa fuera del marco parlamentario.

En definitiva, más de un millón de personas hicieron lo que no se puede hacer, que es exigir al Gobierno que anule de una vez la deuda externa de la que es acreedor, que se investiguen los mecanismos por los que ésta se creó y se castigue a sus responsables o beneficiarios (que en la mayoría de los casos coinciden), y que los fondos liberados por la cancelación se destinen a un desarrollo real y participativo de las poblaciones empobrecidas de los países del Sur. Todo esto, claro está, suponía darle la vuelta al sistema capitalista, que se sostiene a base de la miseria de gran parte de la humanidad y de la exclusión cada vez mayor de los ciudadanos y ciudadanas de cualquier ámbito de decisión.

Se cumplen tres años de la consulta para la abolición de la deuda externa, que recogió un millón de firmas

Hoy, tres años después, el mismo Gobierno da la espalda a las manifestaciones masivas que le gritan "no a la guerra por petróleo". Por ello, creemos que es bueno recordar cuál ha sido la gestión del Partido Popular sobre la deuda externa. Para que no se olvide que guerra y deuda externa siguen siendo dos caras de una misma moneda, la de la explotación capitalista de los pueblos del Sur en beneficio de un puñado de corporaciones transnacionales.

El año 2000, en el que la movilización contra la deuda externa cobró más fuerza tanto en España como fuera de ella, el Gobierno de Aznar canceló únicamente el 0,15% de la deuda externa de la que es acreedor. Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Madrid ordenaba una carga policial contra una sentada pacífica en el Congreso que ha sido repudiada incluso por el Sindicato Unificado de Policía. Las protestas desatadas por esta actuación llevaron el debate al Parlamento, donde el Partido Popular, tras escuchar las críticas de la oposición y de algunos de sus socios, se sacó de la manga una proposición no de ley por vía de su mayoría absoluta y aprobó así, sin debate alguno, un texto de palmaditas en la espalda y de sumisión absoluta a las tesis internacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tantos estragos han causado y causan, como vimos el año pasado en Argentina.

En 2001, la jugada fue inflar las cifras de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mediante operaciones puramente contables, como es el caso de Celgusa, una planta de papel que nunca llegó a funcionar y que desató una fuerte oposición entre la sociedad guatemalteca por sus costes sociales y ambientales. Así, sin realizar ningún desembolso y cancelando una deuda incobrable, hincharon el porcentaje de AOD hasta hacerlo parecer aceptable. La realidad, en cambio, nos muestra que la ayuda es poca y se materializa por medio de créditos FAD, créditos condicionados a la compra de productos españoles que a quien realmente benefician es a nuestras multinacionales, arruinando la producción local y poniendo en peligro la soberanía alimentaria de los países del Sur. De hecho, este año se superó el récord de créditos FAD otorgados. También las míseras cancelaciones de deuda realizadas responden a este criterio. Mientras que el consenso internacional se basa en la conversión de deuda por desarrollo, el Gobierno español convierte deuda en inversión privada. Es decir, te perdono mil millones y los inviertes en la entrada de Endesa (por poner un caso) en tu país. Si además tenemos en cuenta que dicha deuda se generó por vía de crédito FAD (es decir, te concedo mil millones para que los gastes en productos de, por ejemplo, Explosivos Alaveses), se comprueba que el dinero salido en dos ocasiones de nuestros impuestos a quien realmente ha beneficiado es a las grandes empresas españolas.

Y si a todo ello le sumas la reforma del Consejo de Cooperación, orientada a potenciar las ONG de la derecha más rancia y del Opus Dei frente a otras con un espíritu más crítico y confrontativo, el resultado es una política de gestión de la deuda y la cooperación totalmente entregada a las tesis neoliberales y a los intereses económicos y geopolíticos. No es casualidad que, en lo que va de año, el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya gastado ya un tercio del presupuesto de cooperación en un crédito a Turquía, o que el año pasado el país que más ayuda recibiera fuera Pakistán.

Y en todo este tiempo, a la cerrazón política hay que sumarle la represión sufrida por quienes denunciamos estos y otros hechos de igual índole: la ya mencionada carga en el Congreso, las falsas acusaciones contra activistas durante la presidencia española de la UE, el espionaje a los medios de comunicación alternativos y la militarización de las cumbres, los continuos desalojos, las redadas contra inmigrantes... En definitiva, un Gobierno despótico y autoritario que no debería tener cabida en un sistema que se dice democrático.

Por eso, hoy como hace tres años decimos: ¡No a la guerra; deuda externa, abolición!

Paul Muñecas Alvarez es miembro de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa.