La Comunidad crea un registro oficial de perros peligrosos

Los perros potencialmente peligrosos habrán de ser inscritos en un registro creado por decreto por el Consejo de Gobierno celebrado ayer. Las personas que posean alguna de las ocho razas de perros -además de los que reúnan ciertas características de tamaño y fortaleza- recogidas en el Real Decreto de 27 de marzo de 2002 tendrán que depositar en un nuevo Registro Central los datos de sus animales, además de la formalización de un seguro de responsabilidad civil y las licencias correspondientes.

Los perros afectados por la nueva normativa son los de raza pit-bull terrier, stafforshire bull terrier, american stafforshire terrier, rotweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu.

También habrán de inscribirse los canes que tengan la mayoría de las características que en su momento se reseñaron en el Real Decreto de 2002: más de 20 kilos de peso, cabeza voluminosa, cuello corto, ancho y musculoso, pecho macizo, etcétera.

El Consejo de Gobierno de ayer lo que hizo fue poner los medios para que se aplique en la Comunidad la legislación sobre animales de compañía peligrosos. Los registros municipales seguirán encargándose de recoger los datos -licencias, seguros, certificados sanitarios-, pero, a su vez, los traladarán a este nuevo registro. Aquellos municipios de menos de 500 habitantes que no tengan capacidad para abordar esta responsabilidad pueden suscribir convenios con la Comunidad de manera que sea ésta quien asuma estas competencias.

El nuevo decreto da especial importancia a la educación y entrenamiento de los animales. De tal manera que sólo podrán desarrollarse estas tareas en centros especializados. Los educadores y adistradores habrán de pasar y superar un curso de formación.

El Consejo de Gobierno regional también aprobó un decreto que regula la colaboración de la Comunidad de Madrid con las empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social con el objeto de establecer los requisitos que estas entidades deberán cumplir para poder optar a las subvenciones ofrecidas por la Administración autonómica.