Limbo sin ley

Catorce meses después de trasladarlos de Afganistán a la base de Guantánamo, en Cuba, EE UU sigue manteniendo en condiciones de inhumano aislamiento a unos 650 presos, entre ellos uno de nacionalidad española, para quien el Gobierno no ha logrado unas mínimas garantías jurídicas. Un tribunal federal en Washington ha denegado a estos presos el derecho a un juicio en EE UU, al considerar que se trata de extranjeros en territorio que no cae bajo jurisdicción de su Constitución. El ministro de Justicia ha calificado la sentencia de "una importante victoria en la guerra contra el terrorismo". Todo lo contrario. La lucha ciega contra el terrorismo está haciendo saltar por los aires las garantías civiles y la credibilidad de EE UU en el respeto a los derechos humanos.

Formalmente considerados "combatientes ilegales" para no aplicarles la Convención de Ginebra de 1929, EE UU mantiene a estos presos sin derecho a visitas familiares ni asistencia judicial, en una base que constituye un limbo sin ley, un anacronismo en territorio de soberanía cubana. Argumentaciones legales aparte, estamos ante un acto inmoral por parte de una superpotencia que extiende la extraterritorialidad de sus leyes de forma casi universal para proteger a sus propios ciudadanos y soldados.

Es de esperar que el Tribunal Supremo rectifique, ya que la Administración de Bush, a juzgar por la valoración de Ashcroft, no lo hará. Del mismo modo que tampoco ha atajado el debate sobre si se puede torturar a los presos para obtener información sobre las redes terroristas a las que pertenecen. No hay control alguno sobre lo que hace la CIA y otras agencias fuera de EE UU a la hora de intentar extraer información a presos como el lugarteniente de Bin Laden, detenido en Pakistán. Actuar de este modo resta toda credibilidad a la supuesta política de fomentar la democracia y los derechos humanos en el conjunto del globo.