El PP y CiU votan la anulación de un tributo que financia el transporte público

"Un atentado contra el transporte público metropolitano". Así definió el Ayuntamiento de Barcelona la votación en el Parlament contra un tributo que servía para financiar el transporte público del área metropolitana de Barcelona. La propuesta la hizo el diputado del Partido Popular Alberto Fernández Díaz y contó con los votos de sus correligionarios y con los de sus habituales aliados de CiU, por la que intervino Marcel Riera.

Este impuesto lo pagan los ciudadanos de los 18 municipios que integran el área metropolitana de Barcelona y consiste en un recargo del 0,06% sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI). El resultado es que la Entidad Metropolitana del Transporte recibe unos ingresos que rondan los 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas), un dinero que ahora no llegará y que tendrán que aportar los municipios sacándolo de otras partidas.

En su argumentación, el diputado del PP adujo que este impuesto carece de sentido porque no todos los ciudadanos tienen el mismo tipo de transporte y porque hay un nuevo sistema de financiación a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano. El resultado es la propuesta que, de no mediar un resultado inesperado, se convertirá en ley en breve.

La izquierda se quedó perpleja tras la votación. Varios de sus diputados aseguraron que CiU había anunciado el día anterior que no votaría la propuesta. Pero no fue así. Los nacionalistas catalanes votaron a favor de la moción del Partido Popular e hicieron que prosperara para convertirse en ley.

"Es una frivolidad, un acto de pura demagogia que sólo se explica por electoralismo, y ni así", afirmó el diputado Oriol Nel.lo, del PSC.

"CiU y el PP, desde sus respectivas responsabilidades en el Gobierno de Cataluña y de España, han sido incapaces de poner en pie un modelo sólido de financiación para el transporte público en el área metropolitana y ahora, con este medida, contribuyen a empeorar una situación ya de por sí compleja".

No menos contundente fue el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, según el cual la medida es "un nuevo atentado contra la autonomía local y contra el servicio del transporte público de Barcelona y su área metropolitana".

Eliminar los 30 millones de euros que anualmente ingresa la EMT supone, explicó Casas, proponer una rebaja de los servicios que se prestan a los ciudadanos. "Convergentes y populares deciden, una vez más, contra las mejoras en el transporte público y atentan contra la autonomía local ya que el IBI es un impuesto municipal".

Casas puso de relieve que la propuesta votada ayer por los dos partidos de la derecha en el Parlament no incluye medidas compensatorias por la rebaja de estos ingresos.

Este diario preguntó al Partido Popular si había pensado en proponer algún tipo de compensación para que el transporte recupere el dinero que dejará de ingresar por esta vía. No hubo respuesta.