'Pacificación, normalización y 'libre asociación'

Nadie pone en duda el derecho que tiene el lehendakari Juan José Ibarretxe a plantear las iniciativas políticas que crea convenientes, incluidas las que se formulan en clave netamente soberanista y tienen difícil encaje en el actual marco estatutario y constitucional, como ocurre con la propuesta hecha pública en la apertura del actual curso político, el pasado 27 de septiembre en el parlamento vasco, que a partir de entonces ha sido conocida como el Plan Ibarretxe. Dicho esto, hay que decir también que el mismo derecho que asiste al lehendakari para plantear sus propuestas tenemos los demás para manifestar nuestro desacuerdo y la valoración negativa que nos puedan merecer. En particular, por lo que se refiere a dos cuestiones, como la pacificación y la normalización, a las que se hace referencia expresa en la propuesta y que constituyen, sin duda, uno de los principales problemas a los que ha de hacer frente en la actualidad la sociedad vasca.

No puede hablarse de "compromiso por la paz" si no se concretan medidas efectivas para hacer frente a la violencia

En ninguno de los países de la UE, ni fuera de ella, puede hallarse un modelo de "libre asociación" como el propuesto

Presentada formalmente por el lehendakari como "una iniciativa para la convivencia", según el propio título genérico de la propuesta, y articulada a través de un doble compromiso, por la paz (parte primera) y por la normalización (parte segunda), lo realmente significativo de la propuesta no son las medidas efectivas para conseguir esos objetivos, como hubiera sido lo coherente y lo deseable, sino la relación que se establece entre ellos y la consecución de un nuevo marco político definido como un "estatus de libre asociación", al que se vincula el logro de la paz y la normalización. Se trata de un planteamiento que resulta inasumible no ya para quienes no compartimos el ideario soberanista del nacionalismo sino simplemente para quienes, incluidos sectores del propio nacionalismo, consideramos que la paz civil y la eliminación del terrorismo no pueden estar condicionadas a la satisfacción de las reivindicaciones nacionalistas; por el contrario, son la condición previa e indispensable para poder plantear, en libertad y en igualdad de condiciones, cualquier reivindicación o proyecto político, nacionalista o no.

No es posible hablar seriamente de "compromiso por la paz" si luego, tanto a lo largo del extenso texto de la propuesta como en los planes a corto y medio plazo, no se concretan medidas efectivas para hacer frente directamente y de forma prioritaria al terrorismo y a la violencia política. Porque no se trata de un problema más entre otros sino que, hoy por hoy, es el que condiciona de forma determinante toda la vida política vasca.

Un auténtico "compromiso por la paz" exige propuestas con espíritu unitario que faciliten y hagan posible la aproximación, el encuentro y la colaboración entre las fuerzas democráticas que comparten el objetivo de la erradicación del terrorismo sin condiciones políticas de ningún tipo. Este fue el esquema, en su día, del Acuerdo de Ajuria Enea; como también, salvando las distancias y con un alcance mucho más limitado, el más reciente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel en la primavera pasada, que bien podía haber servido, si hubiese existido voluntad política para ello, como un primer paso en la misma dirección. No es ésta, desde luego, la orientación que se marca en el denominado Plan Ibarretxe.

Similares consideraciones pueden hacerse también sobre la "normalización política", otro de los problemas fundamentales que, junto con el de la pacificación, tiene planteada hoy la sociedad vasca. La primera de todas, que no cabe hablar seriamente de normalización sobre la base de que todos tengamos que asumir el proyecto político nacionalista, tal y como se postula en la propuesta del lehendakari.

Independientemente de los distintos proyectos políticos que puedan existir, y precisamente por la pluralidad de proyectos políticos que configuran estructuralmente toda sociedad democrática, la normalización no significa que todos tengamos que asumir uno, el que sea (en este caso, el del lehendakari) sino que todos podamos defender en libertad y en igualdad de condiciones, distintos proyectos; lo que implica, como condición previa, erradicar la violencia y el terrorismo como instrumento de acción política. Este, y no la adhesión a un proyecto político determinado, sea el que sea, es el significado de la normalización.

Lejos de esto, lo que plantea la propuesta del lehendakari como "compromiso con la normalización política", tal y como se precisa con todo detalle (lo que contrasta con la falta de concreción en el tema de la pacificación) en la segunda parte de la propuesta, no es otra cosa que el propio programa soberanista del nacionalismo y la reivindicación de un nuevo marco político basado en el "estatus de libre asociación". Se trata de un "compromiso" cuyo destinatario es la comunidad nacionalista en su conjunto... y quienes quieran adherirse a ella abandonando su propia identidad política, como ha ocurrido en algún caso. Pero no se trata de un compromiso transversal en el que puedan tener cabida el conjunto de las fuerzas políticas democráticas para conformar un espacio político común normalizado; es decir, en el que sea posible que todos, salvo quienes utilicen el recurso a la violencia y el terrorismo, puedan defender su propio proyecto político en paz.

A falta de medidas concretas y creíbles en materia de pacificación y normalización -que no pueden quedar encubiertas por la invocación retórica a compromisos que, al menos en lo referente a estas cuestiones, no comprometen a nada-, el auténtico núcleo duro de la propuesta del lehendakari no es otro que la reivindicación de un nuevo marco político basado en el "estatus de libre asociación". Lo único que cabe decir sobre este nuevo estatus alternativo, ahora sí debidamente concretado en los diez puntos que se precisan en la propuesta, es que constituye una perfecta síntesis del programa reivindicativo del nacionalismo soberanista frente al Estado. Pero, precisamente por ello, difícilmente puede servir para articular un espacio político común que todos (también los no nacionalistas) podamos compartir. Y, desde luego, nada tiene que ver con la pacificación.

Independientemente del más que problemático encaje que pueda tener el proyecto del lehendakari en el marco constitucional y estatuario (no sólo en el nuestro, también en el de cualquier otro Estado de nuestro entorno), lo que más interesa dejar claro es que una cosa es la aspiración nacionalista de conseguir un nuevo estatus de libre asociación y otra diferente, que se sitúa en un plano distinto y en un momento previo, garantizar el marco de normalización política, y sobre todo de pacificación, en el que tanto el proyecto soberanista como cualquier otro de distinto signo tengan posibilidades reales y efectivas de concurrir en libertad y en igualdad de condiciones. Este último ha de ser, hoy por hoy, mientras subsista la amenaza terrorista, el objetivo prioritario de todas las fuerzas democráticas. Y hay que recordar que en esta cuestión, a diferencia de las reglas de las operaciones aritméticas que nos enseñaban en la escuela, el orden de los factores sí altera el producto.

Hay, por último, un aspecto de la propuesta que no deja de llamar la atención, como es la pretensión de homologarla en relación con la situación que se da en otros Estados europeos. A este respecto, sólo cabe decir que no es posible hallar un ejemplo en ninguno de los países miembros de la Unión Europea, ni fuera de ella, donde el modelo de organización territorial del Estado esté basado en una relación de "libre asociación" en los términos que se formulan en esta propuesta. E igualmente, tampoco es admisible la equiparación de este modelo relacional con el de un Estado federal, en cualquiera de sus formas y variantes conocidas en la actualidad. Nadie obliga al lehendakari y su Gobierno a adoptar posiciones federalistas pero sí es exigible que no se pretenda colar el gato soberanista como liebre federal.

No debe pasar desapercibida, para concluir, la estrecha relación existente entre la deriva soberanista emprendida por el nacionalismo a partir del Pacto Lizarra y el Plan Ibarretxe, al que hay que considerar como su versión actualizada, debidamente corregida y reformulada tras el fin de la tregua de ETA y los resultados de las últimas elecciones autonómicas del 13 de mayo de 2001. Pero, aparte de su funcionalidad para aglutinar a la comunidad nacionalista en su conjunto bajo la dirección del lehendakari y su Gobierno, este tipo de propuestas no sólo no aportan nada a la pacificación y la normalización del país sino que, por el contrario, contribuyen a alejarnos más de estos objetivos al añadir nuevos elementos de desencuentro y de fractura entre las fuerzas democráticas y en el conjunto de la sociedad.

Andoni Pérez Ayala es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.