El Gobierno acepta la mayor parte de las alegaciones a su ley de cajas

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto que modifica la ley de Cajas de Ahorro de 1991 para adaptarla a la Ley Financiera de diciembre de 2002. El proyecto, que incorpora gran parte de las alegaciones realizadas por las entidades e instituciones afectadas, recoge la posibilidad de que los impositores y los empleados de las cajas en otras comunidades autónomas tengan representación en los órganos de gobierno de las mismas.

La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia presentó ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el proyecto de ley que se ha redactado tras mantener conversaciones con las instituciones públicas locales y forales y con las propias cajas de ahorro. La norma quiere adaptar la ley vasca a la Ley Finaciera, que entrará en vigor en junio. De hecho, las entidades de ahorro deberán modificar sus estatutos para adaptarse a la norma estatal. La intención del Gobierno vasco es que la ley vasca pueda estar aprobada a tiempo para que las cajas no tengan que realizar dos modificaciones de estatutos.

Zenarruzabeitia señaló ayer que el Gobierno va a hablar con todas las fuerzas políticas para intentar lograr un acuerdo. También señaló que en la fase de alegaciones se han tomado en consideración gran parte de las propuestas recibidas. La BBK tiene prevista ya la asamblea extraordinaria para la segunda quincena de mayo.

Una novedad de la norma es la actuación sobre la llamada territorialidad. Todas las cajas nacieron limitadas en su actuación al territorio de origen. Este principio desapareció y se ha producido una expansión en otras zonas. Así, la norma quiere que los empleados e impositores de otras comunidades autónomas tengan representación en los órganos de gobierno de la entidad, consejo de administración y asamblea.

Sin embargo, no se trata tanto de dar poder a los de fuera como de garantizar que la obra social salga solamente del territorio de origen en proporción a la representación. La ley establece un fórmula similar a la de la ley catalana, que relaciona el número de oficinas con los depósitos y el número de habitantes y establece un porcentaje de participación. Este mismo porcentaje es el que se podrá utilizar para dedicar obra social fuera del territorio natural de la caja.

Más allá de esta peculiaridad, el Gobierno ha hecho caso a las cajas y retirado del proyecto el número fijo de consejeros y miembros de la asamblea. Así, mantiene las horquillas en el número de consejeros y miembros de la asamblea de la ley de 1991. El consejo de administración puede tener entre once y diecisiete miembros y la asamblea, entre 60 y 120. Asimismo establece que los doce años de permanencia máxima para el presidente y los consejeros que permite la Ley Financiera se repartan en cuatro mandatos con nombramiento irrevocable hasta que se agote el periodo.

El proyecto se acoge a las indicaciones europeas de que las instituciones públicas no ocupen más de un 50% de los órganos de gobierno (hasta ahora era un 54%). Este 50% se reparte en un 20% para las entidades fundadoras y otros 30% para los ayuntamientos. Una novedad de la norma es la regulación de la figura del defensor del cliente y de un servicio de atención al cliente. La primera figura, aunque reglada, queda al libre albedrío de las entidades financieras.

Inundaciones

Por otra parte, el consejo de Gobierno dio el visto bueno a las ayudas a los afectados por las inundaciones registradas en Álava los pasados 4 y 5 de febrero. Las ayudas se materializarán a través de convenios financieros suscritos entre el Gobierno y entidades bancarias, de manera que se establezcan créditos a muy bajo interés para los damnificados. El Gobierno se encargará de acreditar directamente los daños producidos por la riada, con el objetivo de simplificar los trámites para que los ciudadanos puedan solicitar los créditos.

Además, el Consejo aprobó una subvención de Educación de 8,1 millones de euros para programas de impulso a la formación e investigación científica. La convocatoria de formación incluye becas predoctorales para la realización de tesis y la incorporación de científicos a Euskadi.