El TSJ anula la privatización de las empresas públicas Girsa y Egevasa ejecutada por el PP

La Diputación de Valencia, gobernada por el PP, privatizó en 1998 el 49% de sus empresas Girsa y Egevasa, de gestión de residuos y aguas, con un sistema "contrario a derecho". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado, tras el recurso presentado por el PSPV, los acuerdos de la Corporación que aprobaron la convocatoria del concurso y el pliego de condiciones para la venta parcial de las sociedades públicas. El tribunal subraya que la venta del patrimonio público debió hacerse por subasta, que garantiza la obtención del mejor precio, y no por concurso. Un portavoz del PSPV destacó que el fallo condena el método de "privatización teledirigida" que suele utilizar el PP.

El proceso de venta en 1998 del 49% de Girsa (Gestión Integral de Residuos, SA) y de Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua, SA), acabó en los tribunales. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, llevaban meses denunciando que el concurso diseñado por el equipo de gobierno de la Corporación provincial era "ilegal" y que la legislación obligaba en este tipo de operación a que la venta del patrimonio público se realizara por subasta. La oposición recurrió el proceso. En el Grupo Socialista en la Diputación fue su portavoz Josep Bresó el autor de la denuncia.

Cuatro años después, el TSJ le ha dado la razón. La Sala de lo Contencioso Administrativo anula el pliego de condiciones y la convocatoria del concurso. Los argumentos son contundentes: "El sistema elegido para la enajenación de las acciones de Girsa [637 títulos] y de Egevasa [3.047] es contrario a derecho", reza el fallo, contra el que cabe recurso. La sala se ampara en las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y subraya que esta norma "es imperativa" para la Administración Local "como garantía de integridad del patrimonio de la hacienda pública". El fallo insiste en que no caben excepciones en el caso de la venta del 49% de Girsa y Egevasa, "máxime cuando con ello se disminuyen los ingresos de la Corporación, pues se limita en el concurso la puntuación por el precio de las acciones, nadie puja por encima de ese máximo y se frustra la obtención del mayor precio posible". En opinión del tribunal, la solvencia técnica de las empresas privadas también se puede exigir en los procesos de subasta.

Al concurso para la privatización de Egevasa se presentaron siete ofertas, las más significativas las de Aguas de Valencia y de Vainmosa Cartera, sociedad rescatada por Bancaixa ad hoc para este concurso y en cuyo accionariado se agruparon los socios españoles de Aguas, enfrentados entonces al accionista principal de la sociedad hídrica -una filial del grupo francés Bouygues-, y los constructores Lubasa y Facsa.

Vainmosa Cartera ganó finalmente el concurso a un precio de 1.823 millones de pesetas, la cantidad máxima de salida fijada en el concurso y la misma que ofrecían el resto de ofertas competidoras y empleó la propiedad del 49% de Egevasa para fusionarse, tras un intrincado proceso, con Aguas de Valencia. El grupo de accionistas españoles ganó terreno al accionista francés y entraron de nuevo en el accionariado las constructoras Lubasa y Facsa. La operación de canje fue de una acción de Aguas por cada 5 de Vainmosa. En el caso de Girsa no hubo tanta competencia y FCC fue la empresa ganadora.

La Diputación de Valencia anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. El equipo de gobierno actuó con la mayor legalidad, declaró ayer un portavoz.

El secretario de Administraciones Públicas del PSPV-PSOE, Antoni Such, subrayó ayer que la sentencia condena la fórmula que habitualmente emplea el PP para "entregar las empresas públicas a sus amigos". "Queda claro", añadió Such, "que las privatizaciones teledirigidas son contrarias a derecho". El dirigente socialista acusó a los populares de "empobrecer" a los valencianos con estas prácticas y aconsejó al Consell que tome nota de este fallo antes de privatizar Canal 9.

"La sentencia afectará a las empresas copropietarias de Girsa y Egevasa, pero no antes de que la sentencia sea firme", advirtieron ayer fuentes empresariales. La decisión del Tribunal Superior llega en un momento convulso para Aguas de Valencia, que se enfrenta en los tribunales al despido de dos de sus ex altos cargos por supuestas irregularidades contables y societarias.