Macastre, Buñol y Fuenteovejuna

Olvidémonos por un momento de nuestras respectivas filias y fobias políticas. Pensemos -ustedes, lectores, y un servidor- que desde hace un año largo, y en tanto que ciudadanos, se desoyen nuestras quejas acerca del paso de camiones de basura por el centro urbano de nuestros municipios, con las ingratas consecuencias del peligro vial y los nauseabundos olores. Pensemos, además, que las autoridades competentes, esto es, el consejero de Obras Públicas y el delegado del Gobierno, nos han estado tomando el pelo mediante disimulos y engaños en punto a la solución del problema. Consideremos, por último, que se nos ha colmado la paciencia y estamos abocados a tomar la calle para que se nos escuche.

Con estos precedentes, descritos sin efectismos, ¿no nos hubiéramos sumado a los vecindarios de Macastre y Buñol, compartiendo su cabreo e impotencia, aunque con ello nos jugásemos el físico o el arresto? ¿Acaso no nos sentiríamos pertrechados de razón y santa ira contra los decretos y argucias que convierten nuestros pueblos en calle mayor de los residuos urbanos del área metropolitana? De no ser necios, incívicos o beatos partidistas de las siglas gobernantes, lo más probable es que también nosotros hubiéramos sido víctimas de la aguerrida acción de las fuerzas antidisturbios y de las instancias judiciales, como los alcaldes y vecinos de las mentadas poblaciones, detenidos unos y corridos a palos los otros.

Dicho de otro modo: estamos ante uno de esos conflictos cebados y alentados irresponsablemente por el Gobierno, confiado en que la inercia, el aburrimiento de los damnificados o la porra autoritaria acabasen por desactivar la reivindicación. Y no ha sido así, ni podía serlo. En primer lugar, porque la fetidez de los vehículos y de su carga ha sido una provocación tan ilegal como constante. Prueba de ello es la maniobra -propia de un filme de Berlanga- de cubrir con plástico y fijarlo con adhesivo cada camión atufante. No se consiguió otra cosa que el efecto previsible: la risa. Una disparatada y aberrante versión del preservativo que sólo sirvió para confirmar la irregularidad de estos transportes.

En segundo lugar, porque todo el mundo, desde los alcaldes referidos hasta el último avecindado, estaba al corriente de que en la planificación del vertedero de Dos Aguas -destino de la caravana fétida- se habían cometido dos trampas monumentales. De un lado, aunque esto sea ahora secundario, no se había previsto (o se había soslayado, o secuestrado) la potencial contaminación del Júcar. Y, de otro, muy arteramente, no se decía una palabra acerca de la ruta que debería seguir la citada caravana diaria. Tanto es así que, en un principio, la empresa adjudicataria de la basura efectuaba un trayecto distinto, pero incrementado en 120 kilómetros. ¿Sabía en el momento de licitar que, superado el trámite y después de unas pocas fechas, reduciría el kilometraje y costo de los viajes? Hiede a trapicheo.

Quedaba, para acabar, la resolución judicial tercamente desoída que obligaba a utilizar vehículos herméticamente cerrados, ya que en su día fue desestimada la petición de limitar su número y la fijación del horario para transitar por el casco urbano. O sea, que también la Justicia amparaba la protesta. Quien se pasó por aro aquella y quiso aplastar ésta fue el Gobierno, reo de su imprevisión y sordera, pues constan las advertencias reiteradas sobre la "situación límite" que se estaba decantando. El diputado socialista Andrés Perelló así lo anticipó epistolarmente en el mes de enero. Ahora, empitonados por el conflicto, se quiere -o cuanto menos se promete- arbitrar remedios urgentes e imposibles, pues no es cosa de expropiar terrenos y trazar carreteras en horas 24. Otro embeleco.

Y dos conclusiones: que los alcaldes encausados ya tienen hecha su campaña electoral con este Fuenteovejuna que les respalda, pues casi todo el censo ha sido igualmente activo y protagonista. La otra conclusión apunta más alto: este lamentable incidente con abundante movilización de fuerza pública, sólo anticipa otros similares mientras no se alumbre y aplique la ley de ordenación del territorio que el PP posterga como si en ello le fuese la bolsa más que la vida. Pero en esa norma, diría que fundamental, han de encerrarse las previsiones y soluciones. No lo son echar mano de los plásticos, los aromatizadores o de los mamporros.