Los socialistas acusan a Acebes "de condicionar el trabajo del juez"

La intervención de la portavoz del grupo socialista, Isabel Celaa, marcó un perfil propio en la postura de su partido, lejos del lenguaje grueso esgrimido por el PP y el PNV, y muy crítico con ambas fuerzas políticas, empeñadas en hacer del euskera, dijo, "un elemento de quiebra social continuada". Frente a ello, Celaa apostó por convertir el euskera en "vehículo de integración y cultura democrática basada en el derecho de ciudadanía y no en la llamada de la sangre".

La parlamentaria adoptó un tono casi de súplica a favor de la racionalidad, aunque no exento de reproches al nacionalismo vasco por la desproporción entre la sensibilidad que ha mostrado ante el cierre de Egunkaria y su frialdad ante atentados como el de Joseba Pagazaurtundua, y también de censura al PP.

El contenido de su intervención, en la que acusó al ministro del Interior, Ángel Acebes, de "saltarse a la torera la presunción de inocencia" y establecer "grados de culpabilidad adelantándose y condicionando el trabajo del juez", no gustó al PP, que le acusó de "sembrar dudas sobre la actuación judicial". Así, Celaa se quedó sola en su defensa de lo que hoy por hoy se revela como un imposible en la política vasca, la necesidad de dejar de echar "gasolina a la hoguera de los demonios identitarios".

Celaa afirmó que los socialistas vascos están "muy preocupados por Egunkaria, por sus trabajadores y por la libertad de expresión". También recordó que su partido facilitó, desde el Gobierno vasco, las subvenciones al diario precisamente para establecer un control democrático institucional sobre él, ante las advertencias del portavoz del PNV, Joseba Egibar, y el entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa, de que formaba parte del entramado de ETA.

"Crítica o reticencia"

La parlamentaria socialista llamó también a no pasar por alto que la medida del cierre ha suscitado "crítica o cuando menos reticencia en la práctica totalidad de los medios de comunicación del País Vasco y del conjunto de España" y luego hizo suyas unas palabras de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, del PNV: "Si se probase, aunque creo, espero y confío que no, que ese periódico forma parte de la red financiera de ETA, yo sería la primera en acatar su cierre definitivo".

La diputada socialista criticó que los partidos del Gobierno vasco cuestionen la existencia de un Estado de Derecho y sugieran que "nos hallamos en presencia de un Estado totalitario" y calificó de "intolerable" que uno de sus miembros "conceda a una persona investigada por la justicia [el director del diario] la credibilidad absoluta que le niega, también de manera absoluta, al aparato de la Justicia". A quienes afirman que han padecido torturas les animó a presentar las denuncias formalmente y les reprochó su "inmensa hipocresía" por defender ahora "una libertad de expresión que no defendieron con el mismo ímpetu cuando se atentaba contra la vida de muchos periodistas".