El PP rechaza el intento de CiU de aplazar la reforma comarcal

Fiel garante de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Jordi Pujol, el Partido Popular mantiene sin embargo su pulso con Convergència i Unió (CiU) a propósito de la reforma de los consejos comarcales. El grupo parlamentario del PP rechazó ayer en la comisión que dictaminó el proyecto de ley una enmienda de CiU para que la reforma del sistema electoral de los consejos comarcales se aplace para la próxima legislatura.

El PP mantiene, al mismo tiempo, su propuesta de que los miembros de los consejos comarcales sean elegidos en proporción a los votos obtenidos por cada partido en la correspondiente comarca. Esta es también la propuesta de los socialistas y de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que CiU rechaza de plano porque supone para ella la pérdida de aproximadamente el 20% de los puestos de consejero comarcal que le otorga la normativa electoral vigente.

Todos los partidos de la oposición están decididos a poner punto final a la sobrerrepresentación que CiU tiene en los consejos comarcales, a costa de la subrepresentación de todos los demás, y que constituye uno de los más importantes sostenes de su implantación territorial.

Esquerra Republicana (ERC) propone modificar el sistema de elección de los miembros de los consejos mediante una fórmula menos gravosa para CiU: elegir dos tercios de los consejeros comarcales en proporción al número de votos de cada partido y el tercio restante en proporción al número de concejales. Pero CiU también rechaza esta fórmula.

El Partit dels Socialistes (PSC), el PP e ICV mantienen sus propuestas sobre este particular, que todos los partidos se declaran abiertos a negociar, con la finalidad de llegar al pleno de la semana próxima con un acuerdo sobre esta parte de la ley de reforma de los consejos comarcales

Los partidos de la oposición sospechan que si, finalmente, CiU pierde esta batalla, intentará que la ley no pueda entrar en vigor antes de las elecciones municipales del 25 de mayo. Una de las posibilidades existentes para retrasar su vigencia sería pedir un dictamen al Consejo Consultivo de la Generalitat.