El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre el retraso de las inversiones en el aeropuerto de L'Altet

Los diputados socialistas por Alicante denunciaron ayer las carencias en materia de seguridad del aeropuerto de L'Altet y el retraso de las inversiones del plan director para la mejora de sus infraestructuras. Los parlamentarios del PSOE anunciaron que respaldarán la petición del sindicato de la Unión Federal de Policía para que se constituya una comisión de investigación para "indagar el por qué del retraso de las inversiones", precisó el diputado Justo González. "Nos tenemos que la demora de las inversiones del plan director que se anunció en 2000, y tres años más tarde no se ha ejecutado ningún proyecto, no es casual, sino que responde a una voluntad de la Administración de potenciar las inversiones en la terminal de carga de Manises y el proyecto de un aeropuerto privado en Murcia, en detrimento de L'Altet", argumentó González.

El diputado del PSOE también destacó que las instalaciones del aeropuerto, así como las infraestructuras de acceso (A-7 y la N-330) se encuentran "saturadas". "Todavía no hay una conexión ferroviaria y, además, las autovías A-7 y la N-330 no tienen la capacidad suficiente para absober todo el tráfico", comentó.

Mientras, la diputada Juana Serna incidió en las carencias de medios, tanto técnicos como de personal, para garantizar la seguridad en el aeropuerto alicantino. "Por este aeropuerto pasan anualmente unos 7 millones de pasajeros, y sólo se inspeccionan el 10% de los equipajes", dijo Serna. "Son datos oficiales facilitados por el Gobierno a una repuesta que formulé", añadió.

A las críticas sobre las precarias medidas de seguridad en el aeropuerto alicantino también se sumó José Luis Valdés, representante de la sección sindical de CC OO. "La seguridad en L'Altet es cero. La plantilla de policías se reduce a cinco agentes, el resto de efectivos lo integran 132 vigilantes privados", dijo.

Valdés y los diputados del PSOE criticaron la "pasividad y el silencio" de las organizaciones empresariales (Coepa y Cámara de Comercio) a la hora de denunciar la precariedad de las instalaciones de L'Altet.

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