El Supremo rechaza que España pueda juzgar el genocidio en Guatemala

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo notificará esta semana la sentencia sobre el recurso interpuesto por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en la que, a pesar de estimarlo parcialmente, se rechaza que España tenga jurisdicción universal y pueda enjuiciar los delitos de genocidio, torturas y terrorismo en Guatemala entre 1962 y 1996, principalmente las matanzas de indios mayas de las aldeas de El Quiché que se negaron a colaborar con el Ejército.

La decisión final ha sido alcanzada por el Pleno de la Sala por un estrecho margen de ocho votos a favor y siete en contra, después de casi nueve meses de deliberaciones. Según fuentes del alto tribunal, los pormenores de la resolución se conocerán en los primeros días de esta semana, si bien el tribunal se ha inclinado a estimar el recurso limitando su alcance al caso de las víctimas españolas.

El pasado mes de mayo, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidió al Tribunal Supremo que revocase la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la denuncia presentada por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado cometidos en Guatemala.

En diciembre de 2000, la Audiencia Nacional entendió que no era procedente que la justicia española se hiciera cargo del genocidio de Guatemala, sin que antes este país intentase juzgar a los culpables. Esta decisión contradijo el criterio del juez central número 1, Guillermo Ruiz Polanco, quien se declaró competente para investigar los crímenes denunciados por Rigoberta Menchú.

Presidente del Congreso

La querella inicialmente aceptada por el magistrado Ruiz Polanco iba dirigida contra el general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso de Guatemala; el general Óscar Humberto Mejías, jefe de Gobierno entre 1983 y 1986; el general Fernando Romeo Lucas García, presidente entre 1978 y 1986, y otros cinco oficiales del Ejército. Las fuentes consultadas indicaron que la resolución del Supremo no menciona a Ríos Montt ni a los otros querellados.

Los crímenes que se pretendían investigar pertenecen al conflicto civil que, durante 34 años, de 1962 a 1996, costó 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos. En la lista de asesinados durante la larga guerra en Guatemala figuran el secretario de la Embajada española Jaime Ruiz del Árbol y cuatro sacerdotes españoles.