La falta de medios amenaza la correcta ejecución de los juicios rápidos en Andalucía

La próxima entrada en vigor de los juicios rápidos despierta sentimientos contradictorios entre jueces, fiscales, abogados y policías. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recibe el aplauso prácticamente unánime de los profesionales encargados de ejecutarla, pero también muchos de ellos alertan del riesgo de que la escasez de medios -sobre todo humanos- diluya el impacto previsto sobre la delincuencia. Desde el Ministerio de Justicia se ha pedido un esfuerzo a los distintos profesionales que, en el caso de los fiscales, se traduce en un incremento de las guardias del 350%.

García Calderón cree que Andalucía será una de las "comunidades claves" a la hora de establecer el éxito o el fracaso de la aplicación de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece el procedimiento a seguir en los juicios rápidos. De hecho, en Sevilla se han realizado ya más de 8.000 procesos de este tipo -aunque no idénticos a los establecidos en la reforma aprobada por el Parlamento el pasado octubre- desde 1992.

Los juicios rápidos son vistos con agrado por casi todos los profesionales de la Justicia, policías y abogados. Las capitales andaluzas sufren una gran cantidad de pequeños delitos, por lo que constituyen el laboratorio perfecto para comprobar si la citada reforma cumple las expectativas creadas y logra una reducción sensible en los índices de delincuencia. Pero todo puede quedarse en papel mojado si únicamente se apela a la buena voluntad de los distintos profesionales y no se facilitan los medios necesarios.

"Mi experiencia me dice que la Junta de Andalucía mantiene una postura receptiva en cuanto a la necesidad de mayores medios. Los servicios de guardia deberán ser retribuidos. Respecto al personal de Fiscalía, estimo que son necesarias algunas nuevas plazas al margen de la prevista ampliación de la plantilla. Con la contratación de uno o dos fiscales sustitutos por provincia, más la ampliación de 6 o 7 plazas que corresponde a Andalucía, será suficiente", sostiene García Calderón.

Por su parte. fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, calcula que en su territorio se turnarán 17 fiscales para atender los dos juzgados de Guardia y el de Faltas de la capital y los otros 14 partidos judiciales. "Para que esto funcione, las guardias tienen que ser debidamente retribuidas y cada fiscal tiene que disponer de un teléfono, un ordenador y un despacho esté donde esté", subraya Flores. En la misma línea, García Calderón llega a asegurar que la aplicación de los juicios rápidos "constituye una oportunidad histórica para establecer una infraestructura en las zonas rurales". La única manera de que los juicios rápidos sean una realidad es la coordinación. Desde las citaciones a los señalamientos, las pruebas anticipadas -grabaciones de los testimonios de los protagonistas del proceso- o las consultas en los archivos sobre posibles reincidencias de los detenidos. Eso sólo es posible con los medios y personal suficientes.

Ensayo en marzo

La voluntad está, pero aún queda mucha camino por andar y el tiempo es escaso, ya que está previsto que la reforma entre en vigor el 28 de abril y ya en marzo se ensayarán los distintos protocolos en Sevilla y Málaga. El decano de los jueces de Sevilla, Andrés Palacios, es optimista y cree que la capital cuenta con las infraestructuras necesarias, heredadas de la reforma del la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1992 que afecto sobre todo a la capital andaluza y Barcelona. Una vez construida la Sala de Vistas del Juzgado de Faltas, tan sólo quedarían por incluir algunos aparatos de grabación y asegurarse la presencia de peritos y traductores. Pero la situación no es ni mucho menos igual en el resto de la comunidad.

En Málaga, el advenimiento de los juicios rápidos está obligando al responsable de la Fiscalía, Manuel Villén, a hacer constantes cábalas para lograr distribuir a los 36 fiscales que actualmente tiene en la plantilla, y que tienen que dar servicio a toda la jurisdicción, con la excepción de Marbella y Melilla, que cuentan con sus propios destacamentos. "Nuestra capacidad de respuesta a la nueva normativa dependerá de cómo se regule por parte del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia la coordinación y las guardias, porque los fiscales de Málaga no se limitan a atender los asuntos de la capital, sino que tienen que estar desplazándose constantemente a los otros nueve partidos judiciales", explica. Villén, poco amigo de la polémica, reconoce que la plantilla actual es insuficiente, pero espera que se refuerce antes de la puesta en marcha del nuevo sistema.

"En la última reunión que mantuvimos los fiscales jefes de Andalucía con la Inspección Fiscal se nos comunicó que se ha propuesto el aumento de la plantilla en dos nuevos fiscales, y que va a haber más flexibilidad para el nombramiento de fiscales sustitutos en caso de que se necesiten", dice.

Aparte de la escasez de fiscales, para adaptarse a la nueva ley, Málaga necesita que entre en funcionamiento el segundo Juzgado de Guardia y uno para juicios de Faltas.

Además, para aplicar como es debido la ley, se necesita contar con una cobertura suficiente de funcionarios. García Calderón sostiene que igual que hay jueces y fiscales especializados en asuntos como el de menores, emigración o medio ambiente, debería haber funcionarios con una preparación específica para los juicios rápidos Para ello sería necesario impartir una serie de cursos de formación a oficiales, auxiliares y agentes judiciales.

El fiscal jefe de Málaga también destaca la escasez de funcionarios. La plantilla de funcionarios judiciales de la Fiscalía no ha aumentado desde 1988. Además, los 28 técnicos se quejan de las malas condiciones de trabajo en el Palacio Miramar. "No tenemos ni archivos adecuados para los expedientes, ni ordenadores ni espacio físico para meterlos, y además estamos absolutamente desbordados de trabajo. Si ahora apenas llegamos a cubrir todas las necesidades, no sé qué vamos a hacer con los juicios rápidos", comentan algunos de los trabajadores.

Protocolo policial

El fiscal jefe de Andalucía apuesta por la firma de protocolos de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales referidos sólo a juicios rápidos. La cooperación en los señalamientos es precisamente uno de los dos problemas principales que García Calderón observa. "La policía va a tener que resistir el impacto que supone hacer determinadas actuaciones que antes correspondían al juzgado".

De ahí que considere clave la coordinación entre, por un lado, los juzgados de Instrucción, la Policía Judicial y otros órganos judiciales, y, por otro, entre el fiscal y la policía. García Calderón apuesta por un mayor protagonismo de la Policía Local y critica el olvido de esta en la reforma.

El jefe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla, José Antonio de la Rosa, minimiza el impacto que puede suponer las nuevas atribuciones que les llegan con la implantación de los juicios rápidos. "Nosotros ya estamos acostumbrados a tratar con atestados todo el tiempo", afirma, "ahora habrá algo más de trabajo pero nuestra intención es que al juez le lleguen atestados completos, de instrucción sencilla y dentro de la franja delictiva prevista".

De la Rosa ha recibido un curso de formación que ahora transmite a otros compañeros que a su vez lo harán con otros, hasta completar toda la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la comunidad. Además, los agentes han recibido un manual de procedimiento y una guía de tramitación de atestados está colgada en la intranet del Ministerio del Interior.