La UE impondrá penas de 1 a 3 años en los delitos informáticos

Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) llegaron ayer a un acuerdo para castigar con penas de entre uno y tres años de prisión a los responsables de delitos contra los sistemas informáticos, el conocido como cibercrimen. Las penas podrán ampliarse hasta los cinco años de cárcel cuando concurran circunstancias agravantes, bien porque se trate de una banda criminal organizada o si los daños a los sistemas o a los datos que en ellos se almacenan causan "graves perjuicios".

Los ordenadores personales no son los únicos vulnerables ante los cada vez más frecuentes ataques informáticos. Hay ciertas infraestructuras "críticas", como son los servicios de correos o de gestión del suministro de electricidad, agua o el gas, sin descontar hospitales y empresas, que pueden ser víctimas fáciles de los virus creados por un joven ingenioso que trata de divertirse. Sin olvidar el colapso de los sistemas con los envíos masivos de correo electrónico. Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes europeos es que el problema de la cibercriminalidad también está en manos de grupos criminales y terroristas que operan a escala internacional.

Los vacíos legales y las diferentes legislaciones existentes entre los Estados miembros facilitan el trabajo de estas bandas organizadas. Por este motivo los ministros de Justicia de la Unión Europea decidieron ayer establecer un marco legal común que les permita coordinar las acciones que en este campo desarrollan autoridades policiales, judiciales y otros servicios especializados de los Estados miembros. Se trata, en definitiva, de "reprimir" cualquier ataque contra los sistemas informáticos y de garantizar la seguridad en la sociedad de la información.

Para ello, los Quince acordaron perseguir de la misma manera, en toda la UE, los siguientes delitos: el acceso ilícito a los sistemas informáticos; los atentados contra la integridad de esos sistemas y de los datos, así como la incitación, ayuda, complicidad o tentativa de ataque. La definición, la tipificación y las penas aplicables a estos delitos serán las mismas en todos los países para evitar lagunas jurídicas.

Acceso ilícito

En el caso de los atentados contra la integridad de los sistemas y los datos que se almacenan en los ordenadores serán sancionados penalmente con entre 1 y 3 años de cárcel. Pero las penas se elevarán a entre 2 y 5 años de prisión en el caso de que el ataque haya sido realizado por una banda criminal o si el daño ocasionado provoca "graves perjuicios" a las víctimas.

Para el delito de acceso ilícito, así como para el de colaboración, incitación o tentativa, las penas de prisión serán efectivas en caso de que haya circunstancias agravantes. Si no es el caso, los Estados miembros deberán aplicar castigos proporcionados y disuasivos.

A la hora de establecer el país que deberá juzgar estos delitos, se tendrá en cuenta en primer lugar dónde se ha cometido el ataque, la nacionalidad del presunto autor, así como el país donde tenga su sede la persona jurídica a la que se pueda imputar el ataque. Si el ataque afecta a varios países, los estados afectados deberán llegar a un acuerdo para que el proceso se desarrolle en un solo país. Para ello el intercambio de información será vital.

El comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, destacó la necesidad "urgente" que tenía la UE de aproximar las legislaciones penales de los Estados miembros para poder hacer frente a un delito nuevo, que cada vez va cobrando mayor dimensión.

El secretario de Justicia español, Rafael Catalá, destacó, por su parte, la importancia de este acuerdo porque permitirá actuar a la UE "con agilidad" y "habilidad ante un nuevo delito que hasta ahora no había sido tipificado". España deberá adaptar el Código Penal para incorporar los detalles del acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Justicia, en concreto, los artículos 197 y 264.2.

Catalá destacó que en la reforma del Código Penal que el Gobierno español ha iniciado "existe una referencia específica a las nuevas fórmulas de delito y a aquellas que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías".