Bufidos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado de la Fiscalía General del Estado hacerse cargo de la denuncia que, por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida, ha interpuesto la Consejería de Economía contra Cajasur. No es, ésta, una cuestión que pueda esconderse tras los bufidos que Antonio Sanz, secretario general del PP-A, ha largado en la sesión parlamentaria del jueves. Estos ruidos no hacen desaparecer ni la denuncia, ni el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción la haya hecho suya. Pretender esconder, bajo bramidos, esta realidad, o confundir, como ha hecho la señora Martínez, orden judicial penal -el de la denuncia- con orden judicial administrativo -el del análisis de la licitud contractual de la póliza de los 500 de Castillejo, y demás- es confundir churras con merinas, y algo más. Un algo más que implica ignorar como funcionan las instituciones. Un funcionamiento que, en este caso, se despliega en una doble dirección. Por una parte está el hecho de que los inspectores, en sus labores de inspección en Cajasur, han detectado unas irregularidades que consideran tienen relevancia penal. Son las que se incorporan a la denuncia. Por otra que, la Fiscalía, le ha dado valor. De ahí que reclame su competencia para continuar investigando. De lo contrario, las hubiera archivado. No lo ha hecho.

Lo demás, lo que queda, lo de los gritos de Antonio Sanz, reflejan un arte parlamentario carente de ideas. Un arte en el que la rabieta surge contra el funcionamiento normal de las instituciones, cuando éstas no actúan al gusto de estos actores.

Claro que, a estos actores, siempre les queda el consuelo de la comedia. Felipe González, refiriéndose a Aznar, lo ha comentado. Dice que ha ido a Roma a confesarse del pecado de llevarnos a una guerra que el pueblo no quiere. Aquí, por lo escuchado en el Parlamento, será Antonio Sanz el que pida a Castillejo, siempre que le dejen tiempo sus labores mercantiles, que le confiese de su pecado de educación parlamentaria y le dé absolución por su rabieta. Eso sí, mientras unos se confiesan, la Fiscalía se pone a investigar y Castillejo se jubila, hay caixas que en el último año han conseguido que uno de cada siete andaluces abran una cuenta en su entidad.