Álava considera que el fallo de la Comisión Arbitral causa "inseguridad jurídica"

La Diputación de Álava ha encajado mal la resolución de la Comisión Arbitral que ha dado la razón al Gobierno vasco en el conflicto por el control de tráfico en las carreteras. El Ejecutivo foral entiende que, en su fallo, el organismo mediador no utiliza argumentos jurídicos. "No hace ninguna referencia a leyes o decretos. Cuando menos, me preocupa", explicó ayer el diputado de Obras Públicas y Urbanismo, Antonio Aguilar. "Me produce cierta inseguridad jurídica".

La Diputación confirmó ayer que está "trabajando para recurrir [el fallo] al Tribunal Constitucional", lo que supondría un hecho insólito desde la creación de la Comisión Arbitral, en 1996. Aguilar criticó los argumentos del texto y recomendó a quien lo haya redactado -el presidente del Tribunal Superior, Manuel María Zorrilla, ejerció de ponente- "que estudie el Estatuto, la Ley de Territorios Históricos y luego diga quién tiene la competencia" en esta materia.La Comisión Arbitral la forman siete juristas de prestigio: tres elegidos por el Gobierno vasco, otros tres designados por las diputaciones y un presidente, Manuel María Zorrilla. La resolución no tuvo ningún voto particular discrepante y sólo una abstención obligada de un letrado elegido por el Gobierno que participó en la elaboración del decreto de Interior sobre tráfico de 2001, el desencadenante del conflicto.

En los 12 folios que ocupa el texto, se hace referencia una decena de veces a artículos de la Constitución, el Estatuto, la Ley de Territorios Históricos y el Código Civil. Para la Diputación de Álava resulta insuficiente.

Una frase ha disgustado especialmente al diputado de Obras Públicas: la que dice que los elementos necesarios para la gestión del tráfico los entiende "cualquier observador de la realidad vulgar". Aguilar quiere recurrir el fallo, pero la ley le impide acudir a otro órgano judicial superior. Por eso, la Diputación está explorando la vía del Constitucional. Desde la creación de la Comisión, en 1996, ninguna institución vasca había cuestionado antes una de sus decisiones.

Aguilar recordó que el conflicto entre Interior y diputaciones no es un asunto "de siglas", pues los gobiernos forales son nacionalistas en Vizcaya y Guipúzcoa y del PP en Álava. "Otras diputaciones están hablando más alto y claro que yo", comentó.

El diputado alavés introdujo otro argumento, al destacar que Álava ha sido la provincia española que más redujo el número de accidentes de tráfico en 2002 (un 35%) y aseguró que en parte es "gracias al centro de control de carreteras". "Esto desmonta cualquier argumento jurídico, venga de donde venga. Me gustaría que Interior dijera que esto es lo importante", añadió. El Gobierno sólo ha exigido a las diputaciones que "cambien de actitud".

Una oferta a Interior

Las tres diputaciones siguen defendiendo su autonomía para crear sus propios centros de control de carreteras (ya funcionan en Vizcaya y Álava). Según aseguran, ya han presentado al Gobierno vasco algunas soluciones para poner fin al conflicto. "Le propusimos que los paneles de señalización variable los explotásemos conjuntamente. Creo que nuestra oferta es racional". Aguilar afirmó que Interior se opuso por entender que es un asunto de su exclusiva competencia.

La resolución de la Comisión Arbitral interpreta que al Gobierno le corresponde colocar en las carreteras los paneles de señalización vertical variable, los postes de auxilio y semáforos. La Diputación de Álava, sin embargo, asegura que Interior no realiza esas funciones. "El día de la ventisca, cuando se cerró la N-I, el Gobierno vasco tenía apagados sus cinco paneles. Nosotros, desde los nuestros, sí avisamos a los conductores para que no entraran en la carretera", precisó Aguilar.