En otros frentes

Justa y comprensiblemente, la atención de los partidos políticos de raigambre democrática, de los medios de comunicación y de la opinión progresista sigue concentrada en la crisis internacional y en su eventual desenlace bélico contra Irak. Sin embargo, convendría velar para que, como decimos en catalán, el llegir no ens faci perdre l'escriure. Porque, mientras se dilucida si hay o no hay guerra en la antigua Mesopotamia, en esta vieja Iberia continúa sin tanto ruido el inexorable deterioro del sistema político que, con el esfuerzo y el sacrificio no de todos, pero sí de bastantes, pusimos en pie a partir de 1977. Por fortuna, algunos responsables partidarios -el presidente de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Saura, el pasado fin de semana- empiezan ya a decir en voz alta lo que hasta fechas recientes parecía la neurosis de cuatro lunáticos: que "hay un retroceso de las libertades democráticas"; que, haciendo un uso abusivo e invasivo de su mayoría absoluta, el Partido Popular está en camino de forzar el marco constitucional en sentido reductor y excluyente; que, bajo la égida de Aznar y compañía, ciertos principios de la Carta Magna -la separación de poderes, las libertades de información o de asociación, el derecho de los penados a la reinserción...- corren el riesgo de convertirse en siniestras caricaturas. Pero es triste que mientras tales desafueros se consuman, tanto articulista u opinador de izquierdas mire displicentemente hacia otro lado. Si la existencia del terrorismo internacional no justifica bombardear Bagdad, ¿acaso la del terrorismo vasco legitima que la derecha española envilezca y llene de brechas la urdimbre democrática tan laboriosamente tejida hace 25 años?

Para no remontarnos a la infausta ley de Partidos Políticos, bastará referirse a una de sus secuelas menores: el acuerdo de los magistrados del Tribunal Constitucional de rechazar -por seis votos contra cinco- la recusación planteada a su presidente, por parcialidad manifiesta, en el recurso del Gobierno vasco contra aquella ley. Si, además de su reputada facundia, don Manuel Jiménez de Parga poseyera ese decoro civil que los castizos llaman vergüenza torera, habría sido él mismo quien se autoexcluyese del citado recurso; o, mejor aún, quien dimitiese de una alta magistratura manifiestamente incompatible con su incontinencia verbal. Si, bajo el aznarato, el derecho fundamental a un juez imparcial siguiera vigente, el pleno del tribunal habría aceptado sin más la recusación.

Tomemos otro ejemplo: la reforma impulsada por el Gobierno para endurecer el tratamiento penal y penitenciario de los delincuentes en general, y de los terroristas en particular. En este mismo diario, calificados penalistas han descrito las medidas en trámite como "un retroceso al inicio del siglo XIX" y "una perversión del sistema", las han considerado contrarias a las convenciones internacionales y de dudosa constitucionalidad, han confirmado lo que dicta el sentido común: que un tiempo de encierro de 40 años equivale a la muerte civil de una persona, que situar la libertad condicional después de los 35 años de prisión efectiva es casi un acto de sadismo. No obstante, el PP sigue adelante con su demagógico plan, incomprensiblemente secundado por el PSOE. Incomprensiblemente, sí, por muy intensos y justos que sean el dolor y la rabia de sus militantes vascos ante el acoso y la persecución de que son víctimas.

El último episodio -por ahora- de esta inquietante escalada, y el ejemplo más reciente de que la lógica guerrera de quienes nos malgobiernan no apunta sólo a Sadam Husein, es la acometida contra Egunkaria. El asunto es delicado, sin duda, porque linda con el pantano del terrorismo y, además, está cubierto por la niebla del secreto sumarial. Aun así, cabe preguntarse por la eficacia práctica de cerrar el diario, vista su inmediata reencarnación en Egunero y conocido el precedente de Gara respecto de Egin. Diré también que, leídas las crónicas periodísticas y extractos del auto, todavía no alcanzo a entender si se acusa a Egunkaria de financiar a ETA -cosa difícil en una empresa fuertemente subvencionada, por tanto auditada y, a pesar de ello, deficitaria- o bien de ser financiada por ETA -a la que no imaginaba yo ejerciendo el mecenazgo cultural-. Además, si el juez Del Olmo imputa al diario euskaldun "facilitar el amparo y difusión del ideario terrorista y de los valores e intereses defendidos" por la banda, ello debe de ser público en sus páginas y notorio en la colección del periódico. ¿Por qué su señoría no ha facilitado a la opinión siquiera una pequeña antología de esos textos incriminatorios? ¿O acaso tales textos demostrarían sólo la ya archisabida afinidad cultural e ideológica de Egunkaria con el mundo independentista, y no con la violencia? ¿Resultará, a la postre, que las ideas y las opiniones sí delinquen?

Son muchos los interrogantes que la abrupta clausura del periódico vasco plantea, y muchas las inquietudes que suscita: sobre los límites de la libertad de prensa, acerca del aparente connubio entre Interior y el juez a la hora de redactar la nota informativa del caso, a propósito de la desenvoltura con que el ministro Acebes se pasó por el forro la presunción de inocencia y dio ya por firme y averiguada la identidad entre el diario y ETA... Por sí mismo, por lo que tiene de síntoma y pueda tener de precedente, el suceso es grave, y creo que interpela especialmente a intelectuales, artistas y espíritus críticos en general. Decir "no a la guerra" está bien, pero forma parte ya de lo políticamente correcto -¡si hasta los chicos de Operación Triunfo se atreven a gritarlo!-; decir "sí a Egunkaria" resulta mucho más arriesgado, pero me parece igualmente necesario.