Las encuestas del Gobierno catalán

Gobernar significa asumir responsabilidades. Gobernar no consiste sólo en viajar o inaugurar obras que acostumbran a pagar otras administraciones. Quien tiene la responsabilidad de gobierno debe asumir también sus responsabilidades ante el Parlamento y dar cuenta de su gestión ante la ciudadanía de Cataluña. El silencio de Artur Mas en el Parlament y su negativa a dar cuenta del escándalo de los sondeos de opinión responde a la idea equivocada de CiU de que es mejor esconder la cabeza bajo el ala y esperar que escampe el temporal, que afrontar con transparencia una situación que pone en entredicho la credibilidad del Gobierno de Cataluña.

En las últimas semanas hemos asistido a un goteo de informaciones y denuncias públicas sobre la manipulación y ocultación de encuestas y sondeos de opinión encargados por el Gobierno de la Generalitat a varias empresas, en especial Line-Staff y el instituto Opina. La manipulación de estas encuestas por el Ejecutivo catalán no sólo ha servido para ocultar, por ejemplo, que Pasqual Maragall era más valorado en noviembre de 2000 que Jordi Pujol o que Josep Piqué era conocido por el doble de catalanes que Mas y que su valoración casi alcanzaba a la del candidato de CiU, sino que se ha utilizado también como instrumento de enfrentamiento dentro de la propia federación nacionalista. La Generalitat o, mejor dicho, la parte convergente del Gobierno autónomo, manipuló una encuesta para ocultar que el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, era más valorado que Mas justo en el momento en el que Pujol debía elegir a su delfín dentro de la federación. Además, el Gobierno catalán ocultó algunas preguntas y respuestas sobre un sondeo para conocer la opinión de los catalanes acerca del conflicto de Les Gavarres, y silenció también la encuesta sobre el campo de golf de Torrebonica.

Las denuncias por manipular encuestas han llevado al Gobierno catalán a anunciar que dejará de hacer sondeos

En este asunto, la federación nacionalista ya no puede esgrimir un mal entendido y falso amor por Cataluña para justificar su actuación. La manipulación mezquina de las encuestas la pagamos entre todos. Muy nerviosa debe de estar la cúpula de CiU ante la posibilidad de perder el poder para impulsar o tolerar la manipulación chapucera de las encuestas.

Todos los grupos parlamentarios han presentado en los últimos años -sin excesivo éxito- iniciativas para evitar la manipulación, instrumentalización y ocultación de las encuestas que se realizan a cargo de los impuestos de los ciudadanos. Para evitar esta práctica, el Parlament decidió crear un Registro Público de Encuestas y Estudios de Opinión. Como registro público, su gestión corresponde a la Administración de la Generalitat y debe existir un acceso directo a los datos que constan en el mismo por parte de las personas interesadas en las encuestas. El Gobierno catalán aún no ha establecido ningún mecanismo tasado para acceder a las encuestas y estudios de opinión por parte de los ciudadanos. Lo más lógico, con independencia del anuncio hecho público por el portavoz del Ejecutivo autónomo sobre la futura creación de un CIS catalán, es que cualquier ciudadano pueda comprar las tablas y toda la información relativa a la encuesta realizada, desde la ficha técnica hasta la base de datos utilizada. Así ocurre con las encuestas del CIS que, dicho sea de paso, son las más serias del país según el propio presidente de la Generalitat. Sólo así tendremos garantías de que el Gobierno catalán no utiliza la encuesta en beneficio propio y no es manipulada por ningún subordinado con ganas de hacer méritos.

En cambio, en lugar de asumir una cierta responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, y de situarse a la cabeza de la manifestación contra los cocineros del Palau, el Gobierno de la Generalitat ha decidido responder a las denuncias de manipulación de sondeos con el anuncio, hecho público por el secretario general de la Presidencia, de que dejará de hacer sondeos y encuestas. Finalmente, el Gobierno autónomo ha optado por aceptar que algún funcionario sin identificar manipula las encuestas y ha tomado la trascendental decisión de dejar de hacer sondeos. Una medida excepcional que sólo se aplica en países donde no existe una democracia consolidada y a los gobiernos no les interesa en absoluto conocer la opinión de sus ciudadanos. Al fin y al cabo, puestos a inventar los resultados, ¿para qué encargar encuestas?

Por desgracia, el Ejecutivo ha optado por perseguir e investigar a las personas que han destapado la farsa de las encuestas, en lugar de poner de patitas en la calle a quienes hayan ordenado y participado en la mascarada.

Daniel Sirera es portavoz adjunto del PPC en el Parlament.