Indicios

ETA contamina todo lo que toca. Los indicios dados a conocer por el juez Del Olmo apuntan a una intervención de esa organización terrorista -que se financia con los frutos de la extorsión, el secuestro y otras prácticas delictivas- en la creación, en 1990, del diario en lengua vasca Egunkaria. ETA habría tenido la última palabra en relación a decisiones como el nombramiento de su director. El juez imputa a nueve directivos o ex directivos por un delito de pertenencia a ETA y ha ordenado el cierre cautelar del diario.

Los indicios incriminatorios proceden de una decena de documentos incautados a la dirección de ETA entre 1990 y 1993. No son pruebas concluyentes pero sí indicios serios, aunque extraña que hayan llegado a manos de la justicia con 10 años de retraso y no en el momento de ser intervenidos por la policía. En todo caso, su antigüedad no resta valor probatorio si apuntan a actuales responsables de la publicación.

Es dudoso, sin embargo, que la incriminación judicial de sus directivos deba acarrear el cierre del periódico como medida cautelar destinada a "prevenir la continuidad de la actividad delictiva", como establece el artículo 129 del Código Penal. Una vez neutralizada la actividad de los imputados, la publicación como tal, formada básicamente por sus trabajadores (periodistas y administrativos), difícilmente puede participan en esa presunta práctica delictiva. En un proceso penal que afecta a los responsables de una empresa periodística, de los que se sospecha que la utilizan para fines delictivos, el cese de su actividad sólo debería acordarse a falta de alternativas menos drásticas. Entre éstas cabe una intervención judicial que, mientras se sustancia el proceso, garantice que la publicación llega a manos de sus lectores, cuyos derechos también deben ser contemplados.

Pero no hasta el punto de prescindir de todo lo demás. La vigorosa reacción del mundo nacionalista al cierre de Egunkaria demuestra el fuerte arraigo del ideal asociado al euskera. Pero la creencia de que un ideal compartido por mucha gente justifica el recurso a medios delictivos para realizarlo es una de las peores perversiones introducidas por ETA en sectores amplios de la sociedad vasca. Los drásticos pronunciamientos realizados estos días contra la decisión de la Audiencia Nacional tendrían más fuerza si fueran acompañados de un rechazo claro a esa creencia.

Es posible que ETA se atribuyera en los documentos intervenidos más influencia de la que tenía realmente, o que esa supuesta influencia inicial desapareciera luego. Son cuestiones que el propio proceso deberá dilucidar. Pero no es lógico pretender que, dada la noble misión del único periódico en lengua vasca, haya que archivar sin más el sumario. Dirigentes nacionalistas como Atutxa o Egibar invocaron en su día la existencia de actas que probaban lo mismo que ahora sostiene el juez.

Pero es impropio que, entre los motivos alegados para el cierre cautelar de Egunkaria, el juez introduzca una referencia al "ideario terrorista" que ese periódico estaría transmitiendo. Esa mezcla entre delitos e ideología desenfoca la cuestión. También es preocupante la torpeza de los ministros de Justicia e Interior metiéndose donde no los llamaban para dar por probadas las acusaciones. Pero igualmente lo es que el consejero de Justicia del Gobierno vasco dé por buena, sin más averiguaciones, la denuncia pública de torturas y malos tratos realizada por el director del diario al ser puesto en libertad. En todo caso conviene aclarar cuanto antes si la denuncia tiene fundamento y que sea el Gobierno quien tome la iniciativa, con todas las garantías. Precisamente la pasada semana el Gobierno vasco aprobó una serie de medidas destinadas a evitar las "falsas denuncias" de malos tratos que, en su opinión, suelen presentar los detenidos relacionados con ETA.