Aznar no consultará al Congreso antes de decidir si envía tropas

El Gobierno decidirá sobre la participación de tropas españolas en un eventual conflicto con Irak sin consulta previa a las Cortes, que serán informadas "con carácter inmediato", pero a posteriori, de la decisión. Durante la guerra de Kosovo, en 1999, José María Aznar se comprometió dos veces ante el pleno del Congreso a regular un mecanismo de consulta parlamentaria en caso de conflicto, admitiendo implícitamente que hay un vacío legal. La promesa cayó en el olvido.

Fuentes gubernamentales sostienen que no hay todavía ningún compromiso de participación militar española en un eventual ataque contra Irak pero agregan que, llegado el momento, será el Gobierno el que tome la decisión correspondiente, "en uso de sus atribuciones constitucionales".

Esta interpretación se basa en el artículo 97 de la Constitución, según el cual "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes". En cambio, obvia el artículo 63.3, que reserva al Rey, "previa autorización de las Cortes Generales, [la facultad de] declarar la guerra y hacer la paz".

Además, la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, de 1980, reformada en 1984, afirma que "corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa. En consecuencia, ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas". También le corresponde, agrega, "la dirección de la guerra".

Pero la misma ley señala que "las Cortes Generales aprueban las leyes relativas a la defensa, los créditos presupuestarios correspondientes y ejercen el control de la acción del Gobierno y de la Administración Militar". Además, "otorgan las autorizaciones previstas en el artículo 63.3 de la Constitución [declaración de guerra]" y "conceden la autorización previa para los tratados o convenios internacionales de carácter militar".

El Gobierno sostiene que en 1990, tras la invasión de Kuwait, Felipe González ordenó el envío al Golfo de tres buques de guerra españoles sin consultar previamente al Parlamento y que el Grupo Popular, entonces en la oposición, no le discutió dicha competencia.

Sin embargo, el Ejecutivo socialista contaba con el paraguas de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait, y con el respaldo del 90% de las fuerzas políticas.

El debate sobre el papel de las Cortes era de carácter técnico-jurídico más que político, pues nadie dudaba de que la decisión de González tenía un amplísimo respaldo parlamentario, como se evidenció en votaciones posteriores. Lo que constituye un hecho inédito en la democracia española es que un Gobierno afronte un conflicto internacional sin más respaldo que el de su grupo, por más que éste disponga de mayoría absoluta.

Bajo autoridad de la ONU

En octubre de 1995, el Congreso aprobó por unanimidad una resolución sobre la reforma de la ONU que decía: "La participación española en operaciones de paz se hará siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad". Durante la guerra de Kosovo, el entonces portavoz de Izquierda Unida, Julio Anguita, esgrimió esta resolución para criticar los bombardeos de la OTAN, sin la cobertura de Naciones Unidas.

Tras alegar que las circunstancias habían cambiado, Aznar prometió el 30 de marzo de 1999 en el pleno del Congreso regular "los mecanismos específicos de consulta al Parlamento en supuestos de participación o de colaboración de España en operaciones militares, especialmente en aquéllas que conlleven el uso de la fuerza", promoviendo "el correspondiente debate y resolución parlamentaria", para sustituir la de 1995.

El 12 de mayo, más de un mes después de iniciarse los ataques, Aznar reiteró su promesa en el pleno del Congreso. "El Gobierno está dispuesto", dijo, "a presentar ante los grupos parlamentarios un informe en el cual pueda establecer las pautas generales o el código de actuación en virtud del cual el Gobierno, en su relación con el Parlamento, pueda establecer los mecanismos convenientes para cualquier circunstancia que se pueda producir en ésta u otras operaciones que la Alianza Atlántica pueda llevar adelante".

Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa elaboraron en junio de 1999 un borrador según el cual el Ejecutivo informaría a las Cortes "tan pronto como sea posible" cuando se decidiese el envío de tropas españolas al extranjero. Aunque el documento se discutió con el PSOE, nunca se sometió a debate en el Congreso.