Familiares de fallecidos por covid en la residencia DomusVI de Alcoi no recurrirán la sentencia

Familiares de los ancianos que fallecieron por covid en la residencia DomusVI de Alcoi (Alicante) han decidido no recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres del municipio, que en enero desestimó la demanda que presentaron contra la empresa gestora del centro, Quavitae Servicios Asistenciales SAU, por la muerte de 15 personas y las lesiones de otras tres durante la pandemia. En total, en el centro murieron 74 usuarios. Los demandantes, aunque “no comparten” la resolución judicial, afirman que “no es asumible” recurrirla por el “esfuerzo económico” que supondría la decisión “tras casi cinco años de litigio”.

El juez concluyó que no había quedado acreditado que la mercantil incurriera en una “conducta negligente” respecto a la entrada del virus en el geriátrico, a su propagación ni a la atención dispensada a los pacientes. Este fue el primer juicio celebrado en España por la demanda de familiares por las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia.

Los familiares creen que el hecho de “que no se haya probado judicialmente la negligencia no significa que no existiera”. Así, califican el fallo como “doloroso y decepcionante” porque “perpetúa” una “situación de desconocimiento, agravada por los interrogantes que surgen respecto al abandono institucional”. “Casi cinco años después, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en la residencia para que se produjera una tragedia de tal magnitud, con 74 personas fallecidas”, han enfatizado en un comunicado.

En cuanto a la valoración de la sentencia, los demandantes “echan en falta” una “mayor sensibilidad y rigor” en la valoración de los testimonios e informes periciales. Consideran que “se ha dado credibilidad” a algunos informes clínicos presentados por Quavitae, a pesar de que los propios familiares “alertaron sobre la existencia de datos erróneos, falsos o contradictorios”.

La sentencia exime a Quavitae de responsabilidad preventiva argumentando que “en ese momento no existía ningún protocolo o normativa y que una mercantil no tenía por qué adelantarse a esas medidas”. No obstante, los demandantes consideran que una empresa como esta, “que gestiona la vida de personas vulnerables, debería haber adoptado medidas preventivas adicionales, más allá del cumplimiento formal de una normativa obsoleta de 2005″.

También ven “especialmente indignante” que “los peritos de la parte demandada utilicen la vulnerabilidad de los residentes para justificar el elevado número de muertes en un corto periodo” y apuntan que “estas personas ya eran frágiles mucho antes de la pandemia, pero no fallecieron juntas en un mes por casualidad”.

En esta línea, sostienen que “la reorganización de la residencia en febrero de 2020, que concentró a los residentes más dependientes en una misma planta, lejos de mejorar la atención, generó un entorno propicio para la propagación de cualquier agente infeccioso”.

“Lo que vivimos en esos días fue un auténtico caos: personas agolpadas, gerocultoras desbordadas e impotentes y una supervisión claramente insuficiente. Ese descontrol fue la antesala del silencio que vino después”, señalan.

Denuncian falta de apoyo institucional

De otro lado, los familiares creen que “desde el primer momento” tuvieron “serias dificultades” para acceder a la documentación necesaria para fundamentar su demanda. Al respecto, ponen como ejemplo que, en julio de 2020, la Fiscalía les “impidió” personarse como parte afectada en las diligencias preprocesales, por lo que, según consideran, “se les negó el acceso a información fundamental”.

Además, creen que la empresa gestora del geriátrico “aportó información sesgada, sin registros documentales claros e incluso desobedeciendo en muchas ocasiones los requerimientos del juzgado”. “A pesar de las observaciones presentadas por nuestros abogados, la sentencia no refleja nada hacia esta actitud”, lamentan.

También han criticado la “ausencia de apoyo institucional” por parte de las consejerías de Sanidad y de Políticas Inclusivas —esta última, denominada así durante el anterior gobierno del Botànic—. Aseveran que, aunque Sanidad intervino la residencia y elaboró informes, “la mayoría de ellos no fueron facilitados” a los familiares.

Recuerdan que Mónica Oltra, en ese momento vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, “afirmó públicamente que existían informes que advertían de posibles negligencias graves” en el centro, pero que los demandantes “nunca” pudieron acceder a esos dictámenes ni saben “qué se hizo” con dicha información

Igualmente, lamentan que “no se haya constituido” una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la residencia de mayores de Alcoi, algo que anunció el PP el 18 de abril de 2024 en una rueda de prensa. Los familiares creen que este procedimiento “hubiera permitido acceder” a esos informes y “arrojar luz” respecto a lo que pasó.

Además, aunque no van a recurrir la resolución judicial, los familiares ya avanzan que “no renuncian” a esta “lucha”: “El dolor que sentimos no se borra con una sentencia desfavorable ni el recuerdo de quienes perdimos se apaga con el paso del tiempo”. Afirman que seguirán trabajando para que “las personas mayores reciban el trato digno, humano y seguro que merecen”. Así, subrayan que lo harán por la “dignidad” de sus familiares y 74 fallecidos y para que en el futuro “ninguna familia tenga que vivir” una situación similar. “Es nuestro compromiso y no pararemos hasta lograrlo”, enfatizan.