La ley de voluntad vital pasa su primer trámite con el apoyo unánime del Parlamento

El proyecto de ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada, a través del que los enfermos andaluces tendrán derecho a decidir libre y anticipadamente sobre la asistencia sanitaria que desean recibir en casos límites e irreversibles, superó ayer su primer trámite parlamentario, después de que ningún grupo de la Cámara autonómica formulase enmienda a la totalidad. La norma andaluza se distingue de otras existentes en España en la prevalencia de la voluntad del enfermo sobre la de sus familiares o médicos, siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico.

El consejero de Salud, Francisco Vallejo, explicó que la ley es una de la más modernas y desarrolladas de Europa y está a la "vanguardia" de España, ya que llega "todo lo lejos posible que permite el ordenamiento jurídico". El paciente podrá optar sobre opciones como vivir más tiempo con dolor o vivir menos tiempo pero con más calidad de vida, de forma que se adapte la enfermedad terminal a la concepción que cada persona tenga de lo que supone una "muerte digna".

Según Vallejo, el proyecto de ley define la voluntad vital anticipada como la manifestación escrita hecha por una persona capaz de expresar, consciente y libremente, las instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria cuando se produzcan circunstancias clínicas que le impidan comunicar personalmente su voluntad. "El respeto a la autonomía y la autodeterminación de los pacientes es la base de esta normativa", subrayó el consejero, "así como dotar de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios que se enfrentan a situaciones extremas".

Otros aspectos innovadores son la posibilidad de pronunciarse sobre las donaciones de órganos y la creación de un Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, que será de obligada consulta por los facultativos. No obstante, el procedimiento de esta fórmula se establecerá cuando se desarrolle el reglamento de la futura ley, con la seguridad de la confidencialidad de los datos. También se diseñará un documento oficial "flexible y abierto" que se difundirá entre los pacientes junto con el documento que se les entregará en los hospitales sobre derechos y deberes.

Los únicos requisitos para que la declaración sea considerada válida son que ésta figure por escrito, con identificación de la persona, firma y fecha, con lo que se evita tener que recurrir a terceros para un acto que se sitúa en la esfera de la intimidad personal. Una vez inscrita en el registro, la declaración prevalecerá sobre la opinión de familiares o profesionales. El autor podrá modificar su declaración en cualquier momento.

Los grupos parlamentarios se pronunciaron a favor del proyecto de ley, al que ningún partido presentó enmienda a la totalidad. El portavoz del PP, Juan Pizarro, hizo constar que la declaración de voluntad no se limita a evitar el tratamiento, sino también a que el paciente manifieste que quiere recibir asistencia pese a encontrarse en estado terminal. Pizarro alertó sobre la necesidad de formación de los médicos para que en la práctica no surjan problemas, como, según dijo, está ocurriendo en las autonomías que han sido pioneras en esta iniciativa ya que, por ejemplo, en Cataluña se han definido tres modelos de documentos de origen diverso. El popular propuso que la declaración de haga ante dos o tres testigos. Antonio Núñez, del PSOE, mostró su satisfacción por la tramitación de la ley, que ha surgido de una proposición no de ley aprobada en 2001a propuesta de su grupo.

El portavoz de IU, Manuel López Calvo, dijo que este derecho es de los considerados de última generación, y anunció que en el debate de enmiendas parciales su grupo aportará aspectos a pulir. En este sentido se pronunció el portavoz del grupo mixto, Pedro Pacheco.