El Supremo obliga al Ivima a reparar 750 casas mal construidas en Aranjuez

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los vecinos del barrio de Las Aves, de Aranjuez, y condena al Ivima y a la empresa que levantó este barrio a subsanar los graves defectos de construcción que afectan al 50% de las 1.504 viviendas que existen en él. La sentencia da un plazo de seis meses a los condenados -el Ivima y Dragados y Construcciones, así como a la dirección facultativa de las obras- para subsanar todos las anomalías existentes en los bloques de casas de esta barriada. El Supremo zanja así un largo conflicto que empezó hace 22 años, cuando los vecinos observaron serías anomalías, entre otros defectos, en la cimentación de sus viviendas. La lucha judicial ha durado seis años.

La sentencia del Supremo obliga a arreglar todos los defectos de los bloques que "provengan de un vicio de construcción, proyección, dirección o ejecución" de las obras. La demanda contra los promotores de estas viviendas fue interpuesta por la mancomunidad de vecinos del citado barrio, uno de los más grandes del municipio. Un portavoz de la mancomunidad asegura que las grietas y problemas con la cimentación de las casas se han multiplicado en los últimos años. Según la mancomunidad, las grietas afectan ya a más del 50% de las 1.504 viviendas del barrio. "Y es posible que a estas alturas el 75% de las casas están ya afectadas", indican los representantes de la mancomunidad. Los vecinos ignoran el coste de las obras de reparación: "Es incalculable", señalan.

Los afectados anuncian que pedirán la inmediata ejecución de la sentencia, aunque no descartan abrir un diálogo con el Ivima con el fin de evitar ese trámite. "Si el Ivima se ciñe exclusivamente a arreglar los edificios que resultaron afectados inicialmente y no todos los que hay ahora, volveremos a los tribunales", avanzan tres portavoces de la mancomunidad, María Ortega, Julián Montalvo y Paz Medina.

Situación calamitosa

Los damnificados aseguran que la situación del barrio es calamitosa, puesto que existen desniveles en el terreno muy grandes que han producido deslizamientos peligrosos de las viviendas. "El terreno es arcilloso y la cimentación no se hizo como debería; construcciones de este tipo son hoy totalmente ilegales", razonan.

Cansados de que el Ivima no solventara los problemas de sus casas y de que ningún organismo oficial se interesara por ellos (sólo el Ayuntamiento ha hecho pequeñas actuaciones), los vecinos decidieron acudir a los tribunales en el año 1997. "Presentamos una denuncia en los juzgados de Aranjuez, que, por incompetencia territorial, fue desestimada. Aquello nos dejó un poco parados, pero seguimos luchando y optamos por presentar la misma denuncia en Madrid, donde fue admitida a trámite por el Juzgado número 37", aclaran los vecinos. Pero el juzgado la archivó al entender que habían pasado los 10 años de garantía existentes para estas construcciones. "Entonces recurrimos a la Audiencia de Madrid, la cual, basándose en un informe pericial sobre las casas que encargamos a los técnicos, nos dio la razón en julio de 2001 y condenó al Ivima, a la empresa constructora y a la dirección de la obra", añaden. Con esa sentencia, los vecinos trataron de que el Ivima iniciase el arreglo de las casas, pero aquél prefirió seguir pleiteando y recurrió al Supremo, instancia que ha rechazado el recurso y confirmado la sentencia de la Audiencia favorable a los vecinos. Tras seis años de plietos, el fallo es ya, pues, firme.

La sentencia se apoya en el citado informe pericial. En éste se indica que hay fisuras apreciables en el revestimiento exterior del frente del forjado, del techo, de las plantas baja y última de todos los bloques, así como un desplazamiento de las juntas de dilatación y pérdida de la estanqueidad. Hasta hay aves que anidan en los huecos que se han producido por la dilatación de los bloques. También hay entradas de agua por las juntas de los pisos, fisuras en los revestimientos de la fábrica de ladrillo, fisuras en las tabiquerías y solados interiores. También se ha detectado humedad, falta de impermeabilización en cubiertas y movimiento de los edificios por su mala cimentación. En la sentencia, el Supremo aclara que quedan fuera de los arreglos que debe hacer el Ivima aquellos problemas surgidos por falta de mantenimiento o conservación.