Trabajo incrementó un 47% las inspecciones en 2002 en respuesta al número de muertes

El Gobierno catalán intensificó el año pasado la inspección y las sanciones a las empresas ante el fuerte incremento de los accidentes laborales con resultado de muerte, que se dispararon especialmente durante la segunda mitad del año y que le costaron enfrentamientos con los sindicatos y críticas de la oposición. Las inspecciones a las empresas aumentaron el año pasado un 47% hasta las 25.338 visitas y se impusieron sanciones por un importe total de 18 millones de euros, el 24,3% más que en 2001, según el Ejecutivo catalán.

Pese a la intensificación de la vigilancia y el aumento de las sanciones, el 40% de las empresas catalanas no realiza la evaluación de riesgos laborales para corregir los peligros. El año 2002 se cerró con un ligero descenso de los accidentes graves y leves, pero la tendencia de los mortales fue totalmente contraria: 186 empleados fallecieron en el puesto de trabajo, lo que supuso un incremento del 20% con respecto al año 2001.

La sangría de muertes laborales se intensificó en los meses de verano. Las críticas sindicales contra la "pasividad" del Gobierno catalán llevaron al entonces consejero de Trabajo, Lluís Franco, a anunciar, a finales de julio, que se incrementarían en un millar las inspecciones a las empresas de la construcción, el sector que registraba el índice de siniestralidad más elevado. Pero lo cierto es que la vía de la mano dura se ha mantenido con la llegada de Antoni Fernández Teixidó el pasado otoño al frente del macrodepartamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo.

Falta de recursos

El director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jaume Abat, explicó a este diario que esta intensificación de la actuación inspectora ha supuesto un "sobreesfuerzo" para el cuerpo de la Inspección de Trabajo ya que el aumento de las visitas no estuvo acompañado de un incremento de la plantilla. La falta de recursos es una de las quejas reiteradas por parte del Ejecutivo catalán al Gobierno central.

La Generalitat tiene 107 inspectores de Trabajo, una cifra "insuficiente", a juicio de Abat. Este año se incorporarán otros 14 inspectores después de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del que depende este cuerpo, haya aceptado el incremento pedido por el Gobierno catalán. Al mismo tiempo, el Departamento de Trabajo doblará la plantilla de técnicos en seguridad y salud laboral (ahora son 50), que colaboran con la inspección en las tareas de vigilancia y control de las empresas, aunque carecen de capacidad sancionadora.

El Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo prevé mantener este año un número de visitas a las empresas similar al que se realizó el año pasado. Sin embargo, por el momento sólo se han planificado unas 17.500 hasta que lleguen los refuerzos de la Inspección de Trabajo y se incorporen los nuevos técnicos de seguridad y salud laboral."Una visita a una empresa puede alargarse durante toda una semana", explica el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jaume Abat, para rebatir las voces críticas que aseguran que la Inspección de Trabajo realiza habitualmente visitas burocráticas sin comprobar los riesgos de los trabajadores en las obras o en las líneas de producción.

Los sindicatos CC OO y UGT han denunciado repetidamente que las visitas de los inspectores de Trabajo se llevan a cabo con previo aviso a las empresas, lo que les permite a éstas subsanar puntualmente sus deficiencias antes de que sean detectadas. Abat lo niega y se apoya en los datos. Además de las sanciones impuestas, asegura, los inspectores de la Generalitat ordenaron el año pasado un total de 265 paralizaciones, que normalmente suponen paralizar una parte de la actividad o aquella que se lleva a cabo en las zonas que presentan un riesgo inminente de accidente. También, en algunas ocasiones, cuando se detectan graves irregularidades, la paralización afecta a la totalidad de la empresa.

Alta siniestralidad

Estas medidas suelen aplicarse en las empresas consideradas de alta siniestralidad -se calcula que un 2% de las firmas catalanas concentra el 50% de los accidentes laborales-, que son las prioritarias a la hora de planificar las visitas. Pero no las únicas. Trabajo estima que un 40% de las empresas catalanas no realiza la evaluación inicial de riesgos laborales, el primer paso que deben llevar a cabo para detectar y corregir los peligros a los que están sometidos los trabajadores, tal como obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está en vigor desde hace siete años.

Precisamente el incumplimiento de esta normativa por parte de las empresas es una de las causas que los sindicatos atribuyen al aumento de los accidentes laborales y al elevado número de muertes que se produjeron en la segunda mitad del año pasado. La otra causa determinante, según los sindicatos, es la temporalidad y la subcontratación, algo muy frecuente en el sector de la construcción. Según el Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, casi el 40% de los trabajadores que el año pasado sufrieron un accidente laboral tenía un contrato temporal.

Los empresarios, en cambio, siempre han negado esta relación entre la precariedad laboral y los accidentes en el puesto de trabajo y se resisten, por el momento, a tomar medidas en la línea de las que han adoptado algunos ayuntamientos gobernados por partidos de la izquierda para limitar la subcontratación abusiva en las obras que dependen de estas administraciones.

En este sentido, Gisa, la empresa que ejecuta las obras dependientes del Gobierno catalán, acordó con CC OO y UGT limitar la subcontratación en cadena.