Boadilla mantiene el plan urbanístico pese al fallo del Tribunal Superior

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del PP, no tiene dudas: asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula la aprobación provisional del plan general de urbanismo del municipio, no afecta al desarrollo de las nuevas infraestructuras y viviendas. El equipo de gobierno interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tan pronto reciba la aclaración de sentencia solicitada. "Todo sigue igual, las licencias concedidas hasta ahora y las que sigamos dando son totalmente válidas", afirmó González. En cuanto a la ciudad financiera del SCH, el regidor indicó que tiene la correspondiente autorización y que las obras siguen adelante. Los socialistas, por su parte, anunciaron que pedirán al tribunal la ejecución de la sentencia.

El PSOE presentó un recurso en 2001 ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM. En él denunciaba que el equipo de gobierno se negaba a entregarles unos acuerdos a los que había llegado con algunos propietarios de terrenos afectados por el plan general. El tribunal le ha dado la razón. La sentencia considera que el acuerdo del pleno anulado vulnera el artículo 23 de la Constitución, que establece "el derecho a participar en asuntos públicos (...) en condiciones de igualdad".

El gobierno indica que, al ser un plan general realizado por expropiación, el Ayuntamiento se puso en contacto con los vecinos y llegó a preacuerdos. "Así pudimos cotejar la postura de los propietarios, pero son documentos de trabajo, que no tenemos por qué entregar a los grupos políticos de la oposición. Cuando se formalicen los convenios, sí irán a pleno", puntualiza González.

Ejecución de sentencia

El regidor también aclara: "Si el Supremo finalmente dictamina que no tenemos razón, será a partir de ese momento cuando se paralice el otorgamiento de licencias. Pero las anteriores estarían dentro de la más estricta legalidad". En este supuesto, el equipo de gobierno entregaría a los grupos de la oposición los preacuerdos que les negaron en reiteradas ocasiones. El pleno volvería a dar el visto bueno provisionalmente al plan general, y la Comunidad de Madrid lo aprobaría otra vez de forma definitiva. "Es únicamente un defecto formal, nadie ha echado para atrás el contenido del nuevo ordenamiento urbano", recalca González.

En el caso de que el PSOE pidiera la ejecución de sentencia, como pretende, y si el tribunal se lo concede "se suspendería la concesión de licencias. Pero sería una irresponsabilidad por parte de los socialistas, ya que paralizarían la construcción de infraestructuras que el pueblo necesita", dice el alcalde.

De otra opinión es la portavoz del PSOE, Carmen Gómez. Su grupo pedirá que lo dictaminado por el tribunal se ejecute. "Cuando el pleno dio luz verde al plan, teníamos derecho a disponer de la información completa", sostiene.