En apoyo de todos los vascos de bien

El día 14 del presente mes de febrero viajé por primera vez al País Vasco, concretamente a la capital de esa comunidad autónoma: Vitoria. Me desplacé desde Andalucía y acompañado de un amigo, con la finalidad de apoyar con nuestra presencia, al igual que hicieron otros amigos de diversas partes de España (Madrid, País Valenciano, etcétera), al acto de entrega del Premio a la Convivencia, Foro Ermua 2002, que le había sido concedido a nuestro común amigo: Baltasar Garzón Real.

He de confesar que lo acontecido esa tarde-noche, primero en el acto de entrega del citado premio, y a cuya dotación económica renunció el galardonado, y posteriormente durante la cena, me impresionó de tal manera que la admiración que, desde la lejanía y a través de los diversos medios de comunicación, ya tenía de las personas que integran las asociaciones de ciudadanos, que de forma pacífica y con riesgo de sus propias vidas han optado por plantar cara y no dejarse avasallar por los violentos, no sólo se ha acrecentado, sino que a ese sentimiento se han unido: de una parte, el de un profundo y sincero respeto por su comportamiento ejemplar; y, de otra parte, una honda preocupación por la falta de seguridad, y que en muchos casos llega a ser auténtico desamparo, en que se encuentran.

La situación es tal que, además de heroica, llega a ser realmente desesperada, tal y como la definió uno de los asistentes a la cena y constatamos como cierta los que nos habíamos desplazado desde fuera. Y ello es así, porque actos que en cualquier otra parte de territorio español consideramos simplemente como cotidianos (realizar nuestro trabajo, pasear, ir de compras o al cine, comer fuera de casa o acudir un domingo a misa), tienen que ser realizados bajo protección de agentes de los diferentes cuerpos de seguridad o de vigilantes jurados (quienes los tienen y para los actos que se los conceden) y, aun así, se realizan bajo una gran presión y riesgo para sus vidas.

Ante tan abominable situación no sólo están obligados a actuar, con todos los medios legales a su alcance, los diferentes organismos públicos, tanto estatales como autonómicos, sino también todas las personas de bien, tanto las que viven en el País Vasco (o, si se prefiere, Euskadi), como las que vivimos en las demás comunidades autónomas que integran España -o el Estado español, pues los matices y diferencias conceptuales o políticos carecen de importancia cuando lo que está en juego es la libertad, la vida y la propia dignidad del ser humano-. Todos debemos abandonar esa actitud de pasividad y prestar nuestro más decidido y explícito apoyo a esas personas que, poniendo diariamente en peligro su vida y la de su familia, están luchando de forma pacífica no por obtener privilegios o ventajas de ningún tipo, sino simplemente por que se les permita hacer aquello a lo que toda persona tiene derecho por el simple hecho de serlo.