El juez de Málaga archiva las diligencias sobre el incendio en el que murieron siete magrebíes

El juez encargado de investigar el incendio ocurrido el 27 de diciembre en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga, que acabó con la vida de siete inmigrantes marroquíes, comunicó ayer su decisión de archivar el caso. El magistrado considera que los únicos responsables de lo sucedido fueron los ciudadanos marroquíes y no aprecia indicios de delito en la actuación de la policía. Los abogados de los familiares de los inmigrantes fallecidos anunciaron ayer su intención de recurrir la decisión por entender que no se han practicado pruebas suficientes.

El auto, fechado el pasado lunes 17 de febrero, fue notificado a las partes a mediodía de ayer, pero su contenido se conocía desde primera hora de la mañana, ya que fue publicado en un periódico local. Esta circunstancia irritó particularmente a los abogados de la acusación: "Que el comisario jefe de Málaga haya conocido el auto antes que las partes personadas es un hecho inédito", protestó José Luis Rodríguez, presidente de Andalucía Acoge y abogado de parte de los denunciantes.

Rodríguez, al igual que el otro abogado de la acusación, Carlos Larrañaga, anunció su intención de recurrir el archivo en cuanto les fuera comunicado el auto. La fiscal del caso dijo ayer que aún no había tomado una decisión.

"El juez no ha practicado ninguna de las 15 pruebas que hemos solicitado, entre las que figuran algunas tan obvias como tomar declaración a los bomberos que participaron en la extinción del incendio, solicitar a la Dirección General de Industria el plan de evacuación de los calabozos o comprobar ante las Administraciones pertinentes si se habían cumplido las revisiones de los sistemas antiincendios", dijo Rodríguez, quien señaló que "las declaraciones de los policías que estaban de guardia en los calabozos evidencian que los dispositivos de seguridad eran insuficientes y que los agentes no habían sido informados sobre su uso".

El juez instructor, sin embargo, expresa en su auto, según fuentes jurídicas, que sólo aprecia la existencia de un delito de incendio, cuya responsabilidad correspondería a los detenidos que iniciaron el fuego e impidieron la evacuación de los demás, y entiende que hay que evitar que la instrucción se utilice para acumular pruebas para una posible reclamación por vía civil.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, defendió ayer la resolución: "El juez ha dispuesto de toda la información para valorar la situación y ha quedado probado que la actuación policial fue absolutamente correcta de acuerdo con la normativa actual".

La noticia del archivo ha desconcertado a las organizaciones de apoyo a los inmigrantes y al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, quien lamentó la decisión del magistrado y comentó que, independientemente de que existan o no responsabilidades penales atribuibles a la policía, se deberían imponer medidas cautelares en la comisaría, informa Efe.

Chamizo lamentó el trato "de ciudadanos de segunda" dispensado a los inmigrantes, y se mostró confiado en que la Audiencia de Málaga reabra la investigación. El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), señaló que "la decisión judicial de archivar el caso no puede suponer la total ausencia de responsabilidad por parte del Gobierno".