Demasiados olvidos significativos en Nissan

El pretendido debate sobre la flexibilización de las relaciones laborales fruto del contexto de recesión económica necesita algo más de tranquilidad que la que ofrece un proceso de elecciones sindicales. Por esto, ahora no es fácil abordarlo y evitar a la vez que las situaciones particulares de cada empresa, o incluso de cada sector, impregnen negativamente la cuestión como está ocurriendo precisamente en Nissan. Aunque esta empresa, una de las más importantes de Cataluña por el número de trabajadores que ocupa directa e indirectamente, es un buen ejemplo para explicar cómo afecta a nuestra industria la incipiente crisis económica, avivada por esta incertidumbre prebélica, y por otro lado la futura ampliación de la Unión Europea con la incorporación de los países del Este.

En este contexto de amenazas los sindicatos no podemos permitirnos un mal análisis de la realidad y mucho menos un análisis sesgado. Eso nos conduciría necesariamente a prestar un pésimo servicio a los trabajadores que tendría repercusiones a medio y largo plazo, aunque nos reporte beneficios virtuales de forma inmediata. En esta situación nos encontramos. Entre la responsabilidad de asumir un acuerdo que permita asegurar el futuro del proyecto Nissan, y por tanto el de sus trabajadores, o hacer una cuestión de principios de algo que en sucesivas negociaciones puede corregirse, siempre y cuando lo primero esté garantizado.

La postura fácil es enrocarse y abdicar de nuestras responsabilidades como representantes sindicales, evitar el acuerdo y después estigmatizarlo. Nada más lejos de los intereses de los trabajadores. Los que ponen en tela de juicio -nunca mejor dicho- el convenio al que llegaron la sección sindical de UGT, el Sindicato Independiente del Grupo de Empresas de Nissan (SIGEN) y la propia empresa, parecen olvidar que el pacto evita que se abra la vía a la subcontratación de determinadas líneas de producción. Después de la sentencia será posible ver a trabajadores haciendo la misma función, pero cobrando salarios muy por debajo del convenio firmado, con contratos temporales y con condiciones laborales inferiores sólo por pertenecer a una empresa subcontratada por Nissan. Eso sí constituye un verdadero trato desigual.

También parecen olvidar cuando calculan los costes de más que ha de asumir la empresa sin la diferencia salarial, que con el acuerdo impugnado, Nissan se compromete a incorporar y a asumir el incremento sobre los costes laborales de otros 800 trabajadores que se sumarían a los 105 que fueron contratados como consecuencia del convenio. Demasiados olvidos y demasiado significativos.

En definitiva, los que se oponen a este convenio argumentado altos valores constitucionales, cometen varios errores. En primer lugar, dudan de la capacidad de las empresas multinacionales de llevar a cabo sus decisiones. Nissan pondrá en práctica su estrategia alternativa como en Seat, que ha acabado llevando el 10% de la producción del modelo Ibiza a Bratislava y ahora el comité de empresa asume un excedente de 800 trabajadores sin que nadie se rasgue las vestiduras.

En segundo lugar, reducen al mínimo los márgenes de negociación entre las partes. El contexto actual de competencia abierta por la producción entre países o en el seno de un mismo grupo empresarial nos obliga a adoptar medidas de flexibilidad pactada que se deben concebir para garantizar la ocupación estable y de calidad. Pero para ello hacen falta los márgenes de negociación con los que se acaba cuando se judicializan las relaciones entre empresa y sindicatos.

Y finalmente, carecen de una perspectiva amplia del conjunto del grupo empresarial o incluso del sector. Las firmas multinacionales tienen en sus manos posibilidades alternas para llevar a cabo sus planes de negocio, que sin ser las idóneas son asumibles en su estructura de costes. Por eso, es especialmente grave colocar en situación de riesgo la producción en la planta de Zona Franca de nuevos modelos sustitutivos del Terrano, que aseguraría el futuro de la empresa, de sus trabajadores actuales, así como la contratación de otras 800 personas tal como refleja el acuerdo. Sin contar, desde luego, con todo el empleo que se crearía en la industria auxiliar del automóvil. Todo eso está en juego.

Por tanto, no se puede reducir la cuestión a un simple pleito por la igualdad salarial de unos trabajadores, que sin este acuerdo lo único que tienen garantizado es un contrato precario, en una empresa subcontratada y con un sueldo más cercano al convenio provincial del metal que al de Nissan. La decisión estriba entre la adopción de medidas de flexibilidad reflejadas en convenio o asumir que nos impongan la precariedad, entre reaccionar a la defensiva y con fórmulas simples o convertirnos en agentes proactivos y avanzarse a los cambios. Así las cosas, no vale el doble discurso que argumenta la responsabilidad cuando se acuerda y los derechos cuando se rompe. Ahora más que nunca, la negociación colectiva tiene que ser la protagonista, y no los tribunales. En estos momentos en que el crecimiento económico se estanca, la competencia entre países se hace más agresiva y las multinacionales cumplen sus amenazas, hay que hacer el máximo acopio de serenidad sindical y aprovechar los espacios de pacto en beneficio mutuo. Sólo así podremos desarrollar un modelo industrial basado en la creación de valor añadido, que potencie la innovación tecnológica, la formación permanente y el crecimiento del empleo de calidad.

Josep M. Álvarez es secretario general de UGT de Cataluña.