Un informe ve ilegal sancionar a los municipios que exhiban 'ikurriñas'

Los partidos de la oposición exigieron ayer al Gobierno de Miguel Sanz que retire de inmediato el proyecto de ley foral de Símbolos, tras conocerse que un informe jurídico del Parlamento navarro constata la inconstitucionalidad de sancionar económicamente a los ayuntamientos, sindicatos, gremios o asociaciones que exhiban ikurriñas en sus sedes. El proyecto de ley, aprobado por el Gobierno de UPN el 15 de diciembre pasado, contiene en su artículo octavo una clara advertencia a todas aquellas instituciones que reciban más del 50% de sus ingresos de los presupuestos generales de Navarra: se les denegará, suspenderá, retirará o exigirá la devolución de tales fondos si exhiben ikurriñas dentro o fuera de sus sedes. La misma sanción recaería en los municipios, partidos, sindicatos o entidades que no coloquen en lugar visible las banderas de Navarra y España.

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral conoció ayer el informe elaborado por los letrados de la Cámara a petición de Izquierda Unida. El dictamen es contundente. La redacción del articulo octavo es inconstitucional por cuanto vulnera los principios constitucionales de libertad ideológica y de expresión, así como al derecho de asociación, además de "colisionar" frontalmente con la normativa estatal sobre banderas. El informe recuerda de entrada que las banderas autonómicas tienen la consideración de símbolos del propio Estado y que, consecuentemente, la regulación de su uso recae sustancialmente en el ámbito competencial de éste, que lo fijó en la ley 39/1981.

En este aspecto, las obligaciones introducidas en el proyecto de UPN y, sobre todo, la prohibición de ciertas enseñas "contrasta", afirma el dictamen, con la normativa estatal y otras autonómicas emanadas de ella, con un riesgo más que evidente de "colisión". Tras aclarar que los poderes públicos pueden promover la exhibición y la difusión de la bandera oficial, el informe indica que "lo que no cabe es la imposición legal a los ciudadanos o a los grupos en los que éstos se integran de manifestaciones expresas como las descritas en el artículo 8º, pues ello supone una intromisión constitucionalmente rechazable, por parte de los poderes públicos, en una esfera estricta de libertad".

Más adelante, el dictamen indica que el origen de los fondos económicos "no legitima ni otorga ningún título competencial específico a Navarra para regular aspectos generales del estatuto o régimen jurídico de los partidos políticos". Los letrados alertan del "riesgo evidente de incurrir en arbitrariedad al provocar un trato discriminatorio entre las entidades locales", basado en el hecho de si reciben o no más del 50% de sus recursos de los presupuestos generales de Navarra. El Gobierno de UPN introdujo los criterios sancionadores, con exigencia de responsabilidad económica a los alcaldes, al ser consciente de que decenas de ayuntamientos gobernados por fuerzas nacionalistas en Navarra seguirían colocando la ikurriña en sus balcones. De hecho, el 18 de enero, un total de 24 municipios de la Comunidad foral suscribieron el llamado Manifiesto de Leitza anunciando que desobedecerían la ley de Símbolos.