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El Gobierno negocia con Marruecos la devolución de inmigrantes subsaharianos

La mitad de las 16.504 personas que llegaron en patera el año pasado no eran marroquíes

El delegado para la Extranjería, Ignacio González, anunció ayer que España negocia con el Gobierno de Marruecos para que éste acepte "de manera inmediata" la devolución de los inmigrantes irregulares de terceros países que llegan a España desde sus costas. Esa previsión está recogida en un acuerdo firmado en 1992 entre ambos Estados, pero las autoridades marroquíes lo han incumplido sistemáticamente. De ponerse en práctica, simplificaría la repatriación de más de 8.000 africanos no marroquíes que cada año arriban en pateras a las costas de Andalucía y de Canarias.

"Hemos convenido la necesidad de poner en práctica de manera inmediata las previsiones que se contienen en el acuerdo de repatriación suscrito entre España y Marruecos en 1992", declaró el delegado del Gobierno. "Ese acuerdo contempla la readmisión por Marruecos de sus ciudadanos, aspecto que se cumple razonablemente, y también de los ciudadanos de terceros países que entran en España desde su territorio. Estamos preocupados porque en este último apartado no está funcionando. Hemos convenido dinamizarlo y ponerlo en práctica", añadió.

El delegado del Gobierno hizo esta declaración durante un receso de las conversaciones que mantuvo en Madrid, a puerta cerrada, el grupo de trabajo hispano marroquí sobre inmigración. Junto a él escuchaba con atención el jefe de la delegación llegada de Rabat, Mohamed Dryef, quien no quiso responder a ninguna pregunta de los periodistas. Dryef es director general del Ministerio del Interior de Marruecos.

El acuerdo al que se refería Ignacio González fue firmado el 13 de febrero de 1992, en Madrid, entre los entonces ministros del Interior de España y de Marruecos, José Luis Corcuera y Driss Basri. Su artículo 1 dice textualmente: "Las autoridades fronterizas del Estado requerido [en este caso, Marruecos] readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente [España], a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedentes del Estado requerido [Marruecos]".

Incumplimiento

Las autoridades de Rabat sólo cumplieron el acuerdo durante los dos o tres meses siguientes a su entrada en vigor. A partir de entonces comenzaron a exigir a las españolas pruebas imposibles para demostrar la procedencia de los no marroquíes detenidos en las pateras.

El artículo 2 del acuerdo de 1992 señala: "La readmisión se efectuará si se prueba, por cualquier medio, que el extranjero cuya readmisión se solicita proviene efectivamente del territorio del Estado requerido". Y añade: "En [la solicitud de readmisión] se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información que se disponga sobre el mismo".

Para no admitir a los extranjeros, las autoridades de Rabat se amparan en que los subsaharianos carecen de documentación; suelen destruirla para evitar ser repatriados. Ni siquiera los aceptan cuando son interceptados a bordo de pateras tripuladas por marroquíes que admiten haber zarpado desde su país.

El cumplimiento del acuerdo no implicaría mayores desembolsos para Marruecos, según el artículo 10, que estipula: "Correrán por cuenta del Estado requirente [España] los gastos de transporte hasta la entrada en el Estado requerido de las personas cuya readmisión se solicite [Marruecos], y los gastos de transporte hasta el Estado de destino de las personas para las que se autorice el tránsito. El Estado requirente [España] asumirá también los gastos de la persona no admitida".

Del número total de inmigrantes irregulares que llegan a España en patera, sólo el 50% son marroquíes, según fuentes oficiales. Casi todos los demás proceden del África subsahariana, sobre todo de Malí, Sierra Leona y Nigeria. Dado que el año pasado fueron interceptados 16.504 en las playas del Estrecho y de Canarias, la cifra de rechazados por las autoridades de Rabat superaría los 8.000. Fuentes de Extranjería consideran que su repatriación a través de Marruecos mejoraría notablemente la gestión de los flujos migratorios.

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Ignacio González, reconoció ayer que Marruecos soporta una fuerte presión migratoria. Miles de personas entran en su territorio a la espera de una oportunidad para saltar hacia Europa. El delegado presentó el acuerdo entre Madrid y Rabat como el mejor antídoto contra esa situación: "Si combatimos la emigración desde Marruecos hacia España también estaremos combatiendo la emigración hacia Marruecos, porque los que intentan llegar a Europa comprobarán que la vía Marruecos-España está cerrada".

Ayuda al control

González se refirió también a la posible habilitación, a través de la Unión Europea, de una asignación económica para ayudar a Marruecos a controlar sus fronteras, y a la firma de un convenio de readmisión de indocumentados entre la UE y el país magrebí.

En la reunión bilateral celebrada ayer participaron 16 personas, ocho por Marruecos y otras tantas por España. Entre ellas había mandos de la Guardia Civil y de la Gendarmería Real. Un portavoz del Ministerio del Interior explicó que las conversaciones abordaron asuntos de colaboración muy concretos: "Fue un encuentro operativo".

El jefe de la delegación marroquí, Mohamed Dryef, quien, según González, reconoció los incumplimientos del acuerdo de 1992, declaró que la reunión había resultado "excelente" y que se había desarrollado en "un ambiente de amistad, sinceridad y voluntad política para resolver los problemas" en común. También aseguró que la cooperación entre los ministerios del Interior y los servicios de seguridad de ambos países "funciona muy bien".

Fuentes diplomáticas marroquíes insistieron en la buena voluntad de sus negociadores para abordar los problemas de la inmigración irregular. Sin embargo, medios policiales manifestaron su temor a que las conversaciones sean una reedición de las de 1992: "Buenas palabras, tres meses de colaboración y vuelta a las andadas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de febrero de 2003