Siete ediles del PP de Aranjuez, imputados por un supuesto enriquecimiento ilícito

La práctica totalidad del gobierno municipal de Aranjuez, siete de los 11 ediles (mayoría absoluta), han sido llamados a declarar en calidad de imputados en la querella interpuesta por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio. Los últimos cuatro concejales implicados son: María Teresa Suárez, primera teniente de alcalde y delegada de Educación; Gloria Encinas, tercera teniente de alcalde; Víctor Martínez, delegado de Comercio y Bienestar Social, y José Luis Menéndez, responsable de Turismo. A todos se les acusa de pertenecer a una trama económica para el enriquecimiento ilícito.

Anteriormente habían sido imputados en la querella, el alcalde José María Cepeda, Javier Cepeda, concejal de Urbanismo y hermano del regidor, y Miguel Ángel Gálvez, edil de Hacienda, así como contra un arquitecto externo que trabajó para el Ayuntamiento, José Ángel Lazareno, y contra un técnico, el aparejador municipal José Antonio Segado. La investigación de la fiscalía incluye a varias empresas constructoras.

El fiscal destaca que los querellados, valiéndose de sus cargos, integran supuestamente "una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras". La querella, de la que se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez el pasado 22 de octubre, es el resultado de denuncias interpuestas ante la fiscalía por el PSOE de Aranjuez y en las que se imputaban tratos de favor desde el Consistorio a determinadas empresas constructoras entre los años 1998 y 2001.

Los cuatro concejales del gobierno que no están imputados, son Sonia Casado, delegada de Cultura y Medio Ambiente -su esposo, el arquitecto externo José Ángel Lazareno sí está impu-tado-; Olga de los Santos, delegada de Juventud y Hermanamientos; Carlos de Fuentes, de Deportes y Nuevas Tecnologías; y Florián Molina, sin delegaciones. Molina protagonizó en diciembre de 2001 una rocambolesca fuga al grupo mixto que hizo perder la mayoría absoluta al PP durante una semana.

Declaraciones

De los cuatro nuevos ediles imputados, María Teresa Suárez y Gloria Encinas ya han prestado declaración ante el juez que lleva el caso. Su testimonio fue corto. Ninguna contestó a las preguntas de la acusación popular, al igual que el resto de sus compañeros. La semana pasada estaba prevista la declaración de los otros dos ediles imputados, pero no se llevó a cabo al estar el juez de baja por enfermedad.

Para el gobierno municipal ribereño, la inclusión en la querella de estos cuatro nuevos concejales de su grupo es "meramente formal como el órgano instructor reconoce en el escrito remitido a estos cuatro ediles". "La citación remitida sólo pretende preservar la pureza del proceso de instrucción. Sin embargo, y sin motivación suficiente, el fiscal solicita que el informe de la unidad de delitos económicos incluya a estos cuatro ediles. Para no generar una situación de indefensión por parte de éstos, el juez les llama a declarar. Esta citación es remitida el 14 de noviembre de 2001", dicen.

En un comunicado oficial del gobierno municipal aseguran que hacen estas declaraciones "ante los rumores e informaciones tendenciosas que con ánimo de viciar el proceso de instrucción abierto y con un claro fin político están siendo lanzadas a la opinión pública estos días". La imputación fue toda una sorpresa, ya que a pesar de que los nuevos inculpados sabían de su condición desde noviembre, no se ha tenido conocimiento público de ello en tres meses, hasta ahora, cuando se han presentado a declarar. El gobierno lamenta al final de este comunicado que por parte de "determinados grupos se esté llevando a cabo un proceso de descalificación pública y persecución política contra determinados querellados al objeto de conseguir beneficios electorales".

También desde la alcaldía, se ha asegurado que no entiende el motivo por el que se ha imputado a unos concejales del gobierno y a otros no, y que los ediles afectados preguntarán al juez las causas. "Si tan claro tienen que los cuatro concejales ahora imputados lo son meramente a título formal, ¿por qué lo han ocultado durante tres meses?", se pregunta el grupo socialista. "Ya es hora de que dejen de incordiar al fiscal y de escudarse en los técnicos y expliquen de forma clara la cantidad de presuntas ilegalidades que han cometido", añaden.

El coordinador de IU en Aranjuez, Dionisio de Haro, criticó la falta de transparencia política y el que no se haya celebrado aún ningún pleno extraordinario para debatir este problema o se haya constituido una comisión de investigación. "El PP", dice Haro, "se ha lanzado a una feroz campaña ante la opinión pública para decir que la querella es una fábula que no tiene ningún contenido. Nosotros no vamos a consentir esta desvergüenza".