Derecho de admisión en Meseta

En 1972, un grupo de jubilados norteamericanos fundó en el condado de Rockland, en Nueva York, la Cooperativa Meseta Inc. que, formada por un grupo de 20 socios, tantos como viviendas se construirían en el municipio nijareño de Aguamarga (Almería), perseguía un único fin: "Establecer, desarrollar y mantener una comunidad de jubilados de hogares permanentes con facilidades de recreo y oportunidad para la libertad individual e iniciativa creativa", tal y como se establece en el artículo tercero de sus estatutos. Y así se hizo.

En ese mismo año se construyeron dos bloques de 10 viviendas cada uno en la ladera de una de las montañas que abrigan Aguamarga y que ofrecen las mejores vista del enclave. Allí viven en la actualidad extranjeros ingleses, alemanes o suizos, además de un par de familias españolas, que siguen realizando sus respectivas actividades profesionales ya que no todos son jubilados.

Once propietarios votaron en contra de la incorporación de Dolores Cuesta

Todas estas circunstancias hicieron pensar a Dolores Cuesta, una empresaria de la zona con dos restaurantes y una tienda en Aguamarga, formar parte de la cooperativa para irse a vivir con sus dos hijos recién adoptados. Pero esta vecina se topó con algo insólito: tenía que pedir permiso a todos los miembros de la cooperativa para comprar unas acciones y tener así derecho al arrendamiento vitalicio, a transmitirlo o subarrendarlo. La consulta se saldó con resultado negativo, ya que ocho propietarios dieron su voto a favor de que Dolores ingresara en la cooperativa frente a otros once vecinos que votaron en contra. Esto sucedía después de que Dolores entregara a su vendedora 6.000 euros por una opción de compra.

El secretario de la comunidad, K. E. Bell, remitió un escrito el pasado noviembre a la compradora para notificarle que "por mayoría" su petición de ser miembro había sido rechazada. "Verbalmente me dijeron que no había ningún problema y yo sólo esperaba la ratificación de aceptación por escrito, ya que yo entregué un millón de pesetas a mi vendedora en el mes de marzo", explica Dolores Cuesta. Las sospechas de que el rechazo mostrado por una parte de los que podrían haber sido sus vecinos estén fundadas en el hecho de que "no les agradara" su perfil personal, con el tiempo, ha tomado fuerza para Dolores.

"Las sucesivas ventas y cesiones de las viviendas han desvirtuado los ideales bajo los que se constituyeron esas viviendas y ahora, los que están, se han reservado el derecho de hacer una selección basada en no querer españoles y en no querer niños pequeños", conjetura la mujer. Sin embargo, el mismo artículo tercero de los estatutos de Meseta determina que "los miembros de la cooperativa tienen responsabilidad compartida para las actividades de la comunidad, donde las familias de cualquier raza, religión o color pueden disfrutar vidas plenas y de provecho". La carencia de explicaciones "objetivas" en la carta remitida por la cooperativa han llevado a la mujer a "investigar" todo lo concerniente a la legalidad de esta figura en España y poner el caso en manos de una abogada.

La letrada de Dolores ha podido constatar que Meseta Cooperative Inc. ni siquiera se encuentra registrada en Andalucía. "No se rige por normativa de organizaciones. No se ajusta a ninguna figura en concreto. Es algo atípico pero, en cualquier caso, una cooperativa no puede ser contraria al ordenamiento jurídico español", explica la abogada Pilar Rodríguez.