385 menores han sido recluidos en reformatorios por la nueva ley penal

Varones de 16 a 17 años de familias desestructuradas, sobre todo españolas y marroquíes, y autores de robos con intimidación o violencia. Ése es el perfil de los 385 chavales autores de delitos graves internados en los reformatorios madrileños desde el 13 de enero de 2001, cuando entró en vigor la Ley Penal del Menor, que eleva a los 18 años la edad de ingreso en prisión. De las 1.533 medidas adoptadas por los jueces de menores en 2002, el 29% fueron internamientos; el 37%, reparaciones extrajudiciales, y el 32%, actividades en régimen abierto (libertad vigilada,...).

La presencia femenina es casi testimonial en los reformatorios, ya que el 94% de los internos son varones. Pero, paradójicamente, en la actualidad son dos chicas las que han cometido los delitos más graves, sancionados con privaciones de libertad de ocho y tres años, respectivamente, cuando la media suele ser de dos. Así lo aseguró ayer Esperanza García, directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), que no quiso precisar los delitos cometidos por las jóvenes.

García añadió que la mayoría de los internos proceden de familias desestructuradas, pero matizó que eso no siempre va unido a la pobreza y la marginación. "Hay chavales que han vivido en el desamparo moral, que a veces es peor", manifestó.

A los reformatorios cada vez llegan más chavales de 16 a 17 años: el año pasado supusieron el 72% del total, frente al 62% de 2001. "Se dan conductas más violentas entre los chicos de 16 a 17 años que entre los de 14 a 15, y eso puede explicar por qué es la franja de edad más representada en los centros", matizó García.

Por nacionalidades, la mayor parte de los internos son españoles y marroquíes (buena parte de ellos chicos que emigran solos a España y que, sin trabajo ni papeles, caen fácilmente en la delincuencia). El año pasado, el 51% de los internos fueron españoles; el 32%, marroquíes; el 6,5%, latinoamericanos; el 4,6%, europeos no comunitarios, y el 0,7%, comunitarios. En 2001, el 55% eran españoles, el 38% marroquíes y el 2,6% latinoamericanos. Hay más chicos extranjeros en régimen cerrado que en semiabierto, en el que pueden salir del centro para estudiar y visitar a su familia.

García explica la presencia de menores inmigrantes por las situaciones de precariedad que a menudo sufren. Pero niega que los jueces tiendan a decretar más el internamiento de menores extranjeros que carecen de apoyos familiares en Madrid. "La ley penal no puede utilizarse para suplir otras carencias como la de un hogar", aseguró, aunque reconoció que sí existían problemas para conceder permisos de fin de semana a los chicos extranjeros sin familia en la región. "Para suplir ese vacío hemos puesto en marcha un programa de apoyo social en pensiones para que estos jóvenes también salgan de permiso", aseguró.

Los robos con intimidación (atracos) y con violencia (tirones) son los principales delitos cometidos por los menores internados. En 2001 supusieron el 65% del total y el 76% el año pasado. Les siguen, a mucha distancia, los hurtos y los robos con fuerza, por ejemplo los alunizajes, que consisten en empotrar un coche contra un comercio para desvalijar su interior.

Ningún asesinato

De los internamientos del año pasado sólo un 1,95% fue por agresión sexual; un 2,27%, por lesiones; un 1,95%, por homicidio y no hubo ingresos por asesinato. En 2002 hubo 11 chavales que tuvieron que ser puestos en libertad por haber agotado el tiempo de internamiento cautelar (pendiente de juicio), que es de tres meses ampliable a seis. Un año antes fueron 14.

La directora del IMMF no quiso dar datos claros sobre fugas de los centros. Sólo indicó, crípticamente, que el índice de fugas, que se obtiene en función del número de plazas y de la ocupación media fue del 0,0011 el año pasado y del 0,0012 en 2001. Lo que sí detalló fue el bajo número de quebrantamientos de condena: de los 242 permisos concedidos en 2002, sólo 19 internos no volvieron al centro.

La ley obligó a abrir nuevas plazas en reformatorios para atender a los chavales de 16 a 18 años que antes ingresaban en prisión. Antes de su entrada en vigor, había tres centros en la región, con 47 plazas. Ahora hay ocho con 151 plazas, tanto en régimen cerrado como semiabierto: El Madroño, Renasco, Peñalara y Los Rosales, en Carabanchel; El Pinar, en Fuencarral; Los Álamos, en Chinchón; El Laurel, en Guadarrama y Altamira, en San Blas.

Dos de estos centros, Los Álamos y Los Rosales, tienen características especiales. Los Álamos, abierto a finales de 2002, está dirigido a menores infractores con adicciones y tiene ocupadas tres de sus 10 plazas.

Los Rosales se construyó, a través de un acuerdo de la Comunidad con los ministerios de Justicia e Interior, para menores autores de delitos de terrorismo callejero o kale borroka. De sus 20 plazas, hay 15 ocupadas, sólo cuatro de ellas por chavales de kale borroka; el resto están imputados en otros delitos.

La Ley Penal del Menor fija, tras la reforma aprobada en diciembre de 2000 por el Congreso con el apoyo de todos los grupos salvo PNV, IU, EA y BNG, que los menores que cometan actos de terrorismo urbano deben ser juzgados en la Audiencia Nacional, no por tribunales ordinarios, y cumplir las medidas de internamiento en Madrid, aunque la mayoría son vascos.