Educación quiere asumir la concesión de pluses al profesorado de la UPV

El borrador de la ley del Sistema Universitario Vasco prevé que la propia consejería de Educación asuma la concesión y cuantía de los complementos salariales al profesorado de la Universidad del País Vasco (UPV), tarea que ahora ejerce el Consejo Social de la UPV. Otras de las novedades propuestas son que los docentes contratados también puedan optar a estos pluses, limitados ahora a los funcionarios, y la incorporación de los "méritos lingüísticos". Educación presentó el texto a los rectores anteayer y lo envió ayer a la oposición, con la que aún no lo ha negociado.

Educación considera que sería bueno iniciar la tramitación de la ley en dos semanas

Los rectores de las tres universidades vascas, Manuel Montero, de la UPV; José María Abrego, de la de Deusto; e Inaxio Oliveri, de Mondragon Unibertsitatea, recibieron anteayer por la noche el borrador en una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Universidades que presidió el viceconsejero Jon Barrutia, quien calificó el encuentro de "cordial". Montero tiene previsto hacer pública hoy su primera valoración.

Barrutia presentó ayer el texto, que desarrolla la reforma propiciada por la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU), a los medios de comunicación. Educación tenía previsto que los grupos parlamentarios de la oposición recibieran el borrador durante la jornada.El viceconsejero aseguró que "sería bueno" que el Gobierno vasco aprobara el borrador y comenzara su tramitación parlamentaria en un par de semanas, pero añadió que la consejería no quiere "condicionar los plazos" porque "prefiere un debate tranquilo y sosegado".

La elaboración de la ley entra así en una nueva fase, tras las críticas lanzadas al Departamento de Educación por el rector de la UPV por el hecho de que la principal universidad no ha sido consultada formalmente hasta ahora. Un centenar de miembros de la comunidad universitaria vasca, incluidos los otros dos rectores, fueron encuestados sobre esta norma.

Educación sólo ha negociado por ahora el borrador en el seno del tripartito. La suma de los votos de PNV-EA e IU en el Parlamento vasco es insuficiente para sacarla adelante. Si es aprobada, esta ley derogará la que desde 1998 ordena el sistema universitario vasco.

Estos son algunos de los aspectos más destacados del borrador de la ley del Sistema Universitario Vasco.

- Profesorado. Se crea la figura del profesorado contratado, una posibilidad contemplada en la LOU del PP, que se equiparará, en jornada y salario, a la del profesorado funcionario. Habrá siete categorías de docentes contratados: profesor pleno, agregado, adjunto, colaborador, asociado, visitante y emérito. Para acceder a estas categorías, salvo las de visitante y emérito, habrá que superar una selección ante un comité, cuyos miembros serán designados por sorteo. Sólo uno de los miembros será de la UPV.

- Pluses salariales. El borrador prevé que el Gobierno vasco conceda complementos retributivos "de acuerdo con criterios que considere oportunos, entre los que se incluirán los méritos lingüísticos" y decida su cuantía. El personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, podría optar a estos pluses. El sistema de complementos salariales -ahora los concede el Consejo Social, están limitados a los funcionarios y no contemplan premiar el conocimiento de lenguas- es objeto de una disputa entre Educación y la UPV, porque la partida gubernamental para los pluses es insuficiente para pagar todos los que han sido concedidos. La universidad pública los sigue pagando, pero a costa de endeudarse.

- Agencia de Evaluación y acreditación. Una agencia autonómica creada por la ley vasca evaluará la calidad de las universidades y acreditará al profesorado. También se encargará de evaluar los méritos del profesorado para recibir los complementos salariales. Este organismo tendrá una "dirección profesionalizada" -propuesta por la consejera- para garantizar "su independencia", según explicó el viceconsejero Barrutia. Ëste detalló que esa persona no debe obligatoriamente estar o haber estado vinculada a la universidad ni a la Administración. La agencia tendrá un patronato, totalmente ajeno a las tareas de evaluación, acreditación y certificación, que controlará el Departamento de Educación y será el encargado de elaborar los estatutos de este organismo.

- Financiación. La Universidad debe ser gestionada conforme a los principios de "eficiencia, eficacia y mejora de la calidad", según afirma el borrador. Para que el Gobierno autorice los costes del personal, el Rectorado de la UPV deberá enviar al Departamento de Educación, antes del 31 de mayo, datos detallados sobre la plantilla y sobre el ejercicio presupuestario del año siguiente con todos los costes, incluidos los pluses salariales. El rector tendrá que remitir a la consejería el presupuesto al mes de haberlo aprobado. Y en el primer semestre del año la UPV deberá enviar al Departamento de Educación la liquidación auditada del presupuesto anterior, el balance económico a fin de año y una memoria económica. La consejería de Educación no ha ocultado en los últimos tiempos sus descontento con la gestión llevada a cabo por el equipo de Montero, quien a su vez ha reclamado un marco de financiación estable para la UPV. La ley universitaria vasca prevé mantener los contratos-programa (financiación condicionada a determinadas actuaciones con resultados cuantificables) y los plurianuales para infraestructuras.

- Consejo Social de la UPV. El borrador propone una profunda reforma de la composición de este organismo, a través del cual la sociedad participa en el gobierno y dirección de la universidad. De los 29 miembros actuales pasará a 17. Los representantes de la UPV se reducen a la mitad; se mantienen los que ya designan el Parlamento, las Juntas Generales de las tres provincias, los sindicatos mayoritarios y la patronal Confebask, y se incorporan tres del Consejo Económico y Social. Se implanta asimismo un estricto régimen de incompatibilidades. El borrador prevé que el nuevo Consejo Social sea constituido en seis meses tras la entrada en vigor de la ley.

- Consejo Vasco de Universidades. Sus miembros no varían: la UPV, Deusto, Mondragon y sus consejos sociales, además de Educación, pero amplía sus competencias. Informará sobre nuevas titulaciones, universidades o sobre la política de becas e impulsará programas de colaboración entre aquéllas. Sus informes no serán vinculantes.