Los centros de protección acogieron a unos 2.000 menores extranjeros el año pasado

Los centros de protección de menores de Andalucía atendieron a unos 2.000 extranjeros durante el año pasado, que hicieron 57.000 pernoctaciones. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, que dio ayer estas cifras en Sevilla, aseguró que, al ser una competencia estatal, la Junta desconoce cuántos menores vuelven con sus familias o si "acaban dónde se decía porque muchos de ellos repiten". Pérez Saldaña también dijo que los tribunales amparan el 99% de las intervenciones de su departamento en la retirada de menores en situación de riesgo.

La cifra media de menores de nacionalidad extranjera acogidos en los centros de protección de Andalucía es de 400. En el cómputo anual de 2002, sin embargo, el número de inmigrantes de menos de 18 años atendidos en la red de protección de la Consejería de Asuntos Sociales alcanzó los dos millares, según datos facilitados ayer por su titular, Isaías Pérez Saldaña, tras la presentación de un resumen de la gestión de su departamento durante 2002.

El total de pernoctaciones de extranjeros en las instituciones de menores ascendió a 57.000. Pérez Saldaña, evaluó el coste de la prestación de esta atención en 9 millones de euros, señaló que los casos de devolución de inmigrantes con sus familias de origen dependen de la Administración estatal. "No conocemos si los menores que han trasladado acaban dónde decían porque muchos de ellos repiten", indicó. El consejero también se refirió a la petición de las autoridades marroquíes para que se devuelvan los menores que emigran hacia España y recordó que la legislación internacional establece una serie de requisitos para velar por los derechos de los menores, que sólo pueden retornar a sus países de origen en caso de que se pueda asegurar que volverá a su entorno familiar o que pasará a ser tutelado por la Administración de origen. "Espero que el Delegado del Gobierno para la Inmigración tenga la valentía de plantear los derechos de los niños", indicó.

Lentitud judicial

Pérez Saldaña también se refirió a los casos sobre la retirada de la tutela de menores en caso de desamparo y aseguró que las resoluciones de los tribunales respaldan las intervenciones de los servicios de Asuntos Sociales en el 99%. Achacó "el deterioro" vivido en algunas situaciones -citó en concreto a la niña de Benamaurel y las dos menores Iván y Sara que han tenido que esperar siete años a la resolución de sus procesos- a la "controversia" judicial y pidió que se pongan en marcha procesos rápidos y se especialice al personal de tribunales para evitar demoras que prolonguen la situación de incertidumbre de los menores durante años.

Asuntos Sociales mantendrá, además, su filosofía de entregar menores tutelados en acogimiento familiar y evitar que pasen el menor tiempo posible institucionalizados, según el consejero. La cifra de menores tutelados por la Administración autonómica ha descendido en la última década de 15.000 a 6.660. En el tema de reforma juvenil, Pérez Saldaña destacó que el año pasado comenzaron a funcionar cuatro nuevos centros para menores infractores en Córdoba, Torremolinos (Málaga), Oria (Almería) y Algeciras (Cádiz). Para este año está prevista la apertura de otro en Córdoba y se ampliarán las plazas en algunos de los que ya están operativos.

En el repaso de la actividad de su consejería durante 2002, Pérez Saldaña destacó que se ha logrado eliminar la lista de espera para percibir el salario social, que suele tardar un promedio de tres meses entre la petición y la resolución. El consejero se congratuló de que el acuerdo del subsidio agrario frene los efectos iniciales que observaron tras la aprobación de la primera propuesta del Gobierno, cuando 15.000 personas perdieron el derecho al subsidio y podían engrosar la lista de peticionarios del subsidio.

Las mayores críticas, sin embargo, fueron motivadas por las pensiones. Pérez Saldaña acusó al PP de ser "el Atila" de los pensionistas y de intentar "machacar a quiénes menos tienen mientras defienden a los de pensiones altas como Miguel Castillejo", dijo en alusión al presidente de Cajasur.

El consejero también facilitó las últimas cifras sobre el asentamiento chabolista rumano y recordó que el anterior Delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, había desoído las peticiones para buscar una salida al núcleo de chabolas durante cinco años con el argumento de que eran inmigrantes regularizados.

Pérez Saldaña dijo que entre los 40 rumanos con papeles que se habían quedado en Sevilla tras la operación policial se incluían 18 menores de edad. De ellos, una docena están en edad de escolarizar, cuatro tienen menos de 3 años y la Junta de Andalucía está buscando guarderías para incorporarlos, y otros dos, que tienen entre 16 y 18 años, se inscribirán en cursos de formación ocupacional. El consejero indicó que las administraciones habían solicitado a los adultos que se den de alta en la Seguridad Social y que el Ayuntamiento de Sevilla está buscando soluciones para realojar a estas familias.