Los jueces piden respeto a los políticos por la sentencia de 'L'Oca'

Las tres asociaciones judiciales firmaron ayer un manifiesto conjunto en el que reclaman más respeto para la magistrada que ha dictado la sentencia por el naufragio de la barca L'Oca y censuran las críticas vertidas en los últimos días por varios cargos públicos en contra de esa resolución, principalmente desde el Ayuntamiento de Banyoles. Los jueces recuerdan algo tan evidente como que existen recursos para rebatir una sentencia con la que no se está de acuerdo, pero advierten de que cuando se agote esta vía, las resoluciones judiciales hay que acatarlas y cumplirlas.

Las asociaciones firmantes son la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora; Francisco de Vitoria, moderada, y Jueces para la Democracia, de planteamientos progresistas. En contadas ocasiones los tres colectivos se ponen de acuerdo sobre una cuestión que afecta a la justicia y lo habitual es que mantengan posiciones muy distintas y, a veces, enfrentadas.

Sin embargo, ayer coincidieron en salir en defensa de la compañera Elena Mercado, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona, contra la que en los últimos días han llovido toda clase de críticas por haber condenado a dos años y medio de cárcel a Josep Alsina, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente cuando se produjo el naufragio del barco, en octubre de 1998. La sentencia establece también la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Banyoles para indemnizar a las víctimas. El alcalde de ese municipio, Pere Bosch, reaccionó con una inusitada vehemencia al conocer el fallo judicial y anunció movilizaciones ciudadanas bajo el lema Banyoles es innocent. El pasado viernes, el conseller en cap, Artur Mas, mostró su apoyo al consistorio (véase EL PAIS del 8 de febrero).

El manifiesto de las asociaciones de jueces, titulado Los poderes públicos y la independencia judicial, asegura en relación con los últimos días: "Hemos oído una serie de descalificaciones personales hacia la juez que ha dictado la sentencia que superan los límites de lo que ha de ser el respeto institucional en todo Estado de derecho". A renglón seguido añaden que el poder judicial "actúa como garante de los derechos de todos aquellos que se encuentran afectados por un conflicto" y que tras oír a todas las partes, se dicta una sentencia. Si no se está de acuerdo con ella, añaden, se puede pedir su revisión presentando un recurso, pero una vez agotada esta vía, "las resoluciones judiciales hay que acatarlas y cumplirlas".

Añaden los jueces, que "no hay otra vía" que la que describen y que se trata de "la única manera pacífica y razonable que la sociedad, después de buscar a lo largo de los tiempos un sistema que asegura una justa y pacífica convivencia, ha sido capaz de establecer hasta el día de hoy". Mientras no se descubra otra vía mejor, añaden las asociaciones judiciales, "hay que respetar las reglas del juego que nos afectan a todos".

"La rectitud de la juez"

Y toda esta obviedad, explica el manifiesto, viene a cuento porque "se olvida por parte de algunos representantes públicos que se permiten poner en duda la rectitud de la juez y de su imparcialidad simplemente porque su decisión no les ha gustado". Y van más allá: "Asistimos a menudo a un espectáculo de alabanzas al poder judicial cuando éste dicta una sentencia que nos gusta, como de tacharlo de sumiso cuando su decisión no nos place".

Las asociaciones judiciales creen que de esta manera "estamos haciendo un flaco favor a la vida democrática, que se ve despreciada por quienes tienen más obligación de respetarla". Por eso, los jueces piden "reflexionar sobre lo que estamos oyendo estos días, introducir más sentido común en el debate" y aceptar que la manera democrática de criticar las sentencias es a través de los recursos.

La primera persona que dio un paso al frente en defensa de la juez fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, quien el pasado viernes pidió "serenidad" a los políticos, y que no se presionara a la justicia. El lunes, la juez decana de Girona, Pilar Rovira, se sumó a esa tesis y afirmó que el Ayuntamiento de Banyoles intenta presionar a la justicia para obtener de la Audiencia de Girona la absolución del ex concejal.