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Denegada la nacionalidad a una dominicana por unos antecedentes ya cancelados

El Supremo rechaza la petición de la esposa de un español con el que regenta un bar de alterne

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha denegado por cuatro votos a dos la nacionalidad española a una mujer dominicana casada con un español, por considerar que sus antecedentes policiales y penales, aunque estén cancelados, son un "indicador cualificado" de que no ha observado la "buena conducta cívica" que se requiere para acceder a la nacionalidad.

Los dos magistrados disidentes de la mayoría opinan que la interesada, que tiene cuatro hijos con un ciudadano español, "cumple sus deberes fiscales, no oculta su patrimonio ejerce una actividad mercantil y tiene una familia estable", y son esos datos, y no los de regentar un local de alterne "donde no se desarrollan actividades ilícitas", los que evidencia su "buena conducta cívica", acreedora de concederle la nacionalidad.

Los magistrados partidarios de la denegación afirman que no se puede limitar a un español o a un residente legal el ejercicio de determinados derechos por tener antecedentes penales cancelados. Pero la concesión de la nacionalidad no es el ejercicio de un derecho subjetivo, sino un acto de manifestación de la soberanía del Estado que exige que el solicitante acredite una "buena conducta cívica". Por ello, no basta que en los registros públicos no exista constancia de actividades que impliquen mala conducta.

El Supremo acoge la doctrina de la Audiencia Nacional según la cual, resulta "indiferente" que los antecedentes penales y policiales del solicitante estén cancelados o hayan podido serlo, pues pueden servir de "indicador cualificado" de que su conducta no se ha acomodado a la correcta convivencia ciudadana.

Los dos magistrados disidentes, Jesús Ernesto Peces y Pedro Antonio Mateos, afirman que la única razón por la que se le deniega la nacionalidad es porque regenta un establecimiento donde las mujeres alternan con clientes y en el que fueron sorprendidas tres extranjeras en situación irregular.

Pero prefieren fijarse en que la mujer tiene "familia estable, ejerce un oficio, paga sus impuestos y en su local no se desarrollan actividades ilícitas" para concluir que su descalificación "no se ajusta a la realidad social y jurídica de nuestro tiempo". En todo caso, la ciudadana dominicana podrá seguir residiendo legalmente en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de febrero de 2003