El Gobierno negocia hoy con el PSOE el endurecimiento de las penas por terrorismo

El Gobierno se reúne hoy con el PSOE para cerrar la negociación de la reforma legal para el cumplimiento íntegro de las penas por delitos de terrorismo. Como sucedió con la Ley de Partidos, que pretende la ilegalización de Batasuna, la negociación trata de ajustar el proyecto al mandato constitucional, asumir las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial y ratificarlo en el Pacto Antiterrorista que se convocará este mismo jueves. El PSOE pretende facilitar la reinserción a aquellos etarras que hayan acreditado activamente su rechazo al terrorismo y esgrime para ello razones constitucionales, pero también políticas, ya que esa fórmula debilita a la banda terrorista. El ministro de Justicia, José María Michavila, está dispuesto a introducir "mejoras técnicas" que permitan abrir un "portillo" en línea con las sugerencias del Poder Judicial.

El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes amplía de 30 a 40 años la pena máxima para delitos especialmente graves y establece un régimen de beneficios penitenciarios para los terroristas que, según los expertos jurídicos, hace prácticamente inviable que se puedan acoger a ellos. También exige a los terroristas el pago efectivo de la indemnización a las víctimas.

Con la ley vigente, los terroristas condenados pueden lograr la libertad condicional antes de haber cumplido toda su pena si se encuentran en tercer grado, han cubierto tres cuartas partes de la condena impuesta y "han observado buena conducta y existe respecto a su comportamiento un pronóstico favorable de reinserción social emitido por los expertos que el juez de vigilancia estime convenientes".

Con la reforma legal cuya tramitación ha iniciado el Gobierno del PP, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del viernes, además de todos los requisitos vigentes en la actualidad, el terrorista debe manifestar arrepentimiento y proporcionar a las autoridades administrativas o judiciales información que permitan "impedir o atenuar los efectos del delito, identificar o procesar a los otros autores del delito o encontrar pruebas para impedir que se cometan otros delitos".

Si el terrorista encarcelado colabora con la Justicia delatando a otro u otros que andan sueltos y además se arrepiente, podrá salir en libertad tras cumplir tres cuartas partes de su condena.

Arrepentimiento activo

El PSOE cree que con esas condiciones, la reinserción es imposible y defiende que sirva con el arrepentimiento activo o declaración expresa de rechazo a la banda terrorista para acceder a los beneficios penitenciarios. Los socialistas esgrimen a favor de la reinserción, además de argumentos constitucionales, razones políticas.

Están convencidos de que la reinserción efectiva ha hecho mucho daño a ETA y es muy eficaz en la lucha contra el terrorismo. La reinserción política de los más de 200 militantes de ETA político-militar en los años ochenta hizo mucho daño al terrorismo así como el goteo de ex militantes de ETA militar como Dolores González Catarain Yoyes, asesinada por la banda, o más recientemente la colaboración judicial del ex miembro del comando Madrid, encarcelado en la prisión de Logroño, Juan Manuel Soares Gamboa.

El Consejo General del Poder Judicial también encuentra excesivos los requisitos del proyecto del Gobierno, pues no diferencia entre el terrorista que tiene intención de reinsertarse y aquel que ha renunciado a esa posibilidad.

Por esa razón, el Consejo General del Poder Judicial aprobó el miércoles pasado un informe sobre la reforma legal de las penas, donde planteaba al Gobierno la necesidad de "introducir algún tipo de mecanismo jurídico o de precisión legal que diferenciase de algún modo el tratamiento del delincuente que alcance la rehabilitación social de aquel otro que se encuentre en el caso contrario".

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró el viernes que se atenderían las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial, introduciendo mejoras técnicas para "abrir un portillo" a la posibilidad de reinserción social de los terroristas en casos muy concretos.

Los socialistas pretenden aplicar la fórmula alemana, del procedimiento de revisión por los jueces de vigilancia penitenciaria, en los casos de terroristas que hayan acreditado de manera activa su arrepentimiento. Este aspecto es el único que queda por precisar en la negociación que mantienen el Gobierno y los socialistas para consensuar el proyecto de ley y en la que participan los interlocutores del área de Justicia, con su titular José María Michavila al frente, y los del Pacto Antiterrorista: el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el responsable del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.