El Gobierno recurre la ley que intentaba evitar que la Junta perdiese la tutela sobre Cajasur

El Consejo de Ministros decidió ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una disposición de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos andaluces de 2003. Esta disposición, la adicional quinta, fue el último intento legislativo que hizo el Gobierno andaluz, presidido por el socialista Manuel Chaves, para evitar perder la tutela parcial sobre Cajasur, la caja de ahorros cordobesa fundada por la Iglesia católica y presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. Éste es el segundo recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de José María Aznar ha presentado contra la Administración autonómica en los últimos tres años para garantizar el peso de la Iglesia y de Castillejo en Cajasur.

Ya en enero de 2000 el Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas autonómica, que, entre otras cuestiones, fijaba la edad de jubilación en 70 años y establecía la adaptación de los órganos de gobierno de Cajasur al régimen general de las otras cinco cajas andaluzas. El Constitucional, que aún no ha dictado sentencia sobre este asunto, suspendió cautelarmente los artículos de la ley autonómica referidos a Cajasur, por lo que Castillejo, de 73 años, sigue al frente de la entidad y la Iglesia mantiene su peso hegemónico en la entidad.

El siguiente paso que dio el Gobierno para garantizar el actual status de Cajasur fue la aprobación de la Ley Financiera, que reguló que las cajas que acrediten haber sido fundadas por la Iglesia católica pasen a depender parcialmente del Ministerio de Economía, que asume la aprobación de sus estatutos y su obra social. El 27 de noviembre de 2002, cinco días después de la entrada en vigor de la Ley Financiera, Cajasur presentó ante el ministerio que dirige Rodrigo Rato esta acreditación.

Para evitar perder la tutela sobre Cajasur, el Gobierno andaluz incluyó en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2003 una disposición que establece que para que se produzca esta acreditación ante el Ministerio de Economía es necesaria la conformidad de todos los fundadores de la caja. Y la clave es que Cajasur es fruto de la fusión, en 1995, de la caja fundada por la Iglesia y la fundada por la Diputación de Córdoba, gobernada por el PSOE y contraria a que la caja acoja a la Ley Financiera.

El Gobierno justificó el nuevo recurso en que el "precepto andaluz altera la base estatal al exigir que, junto a la voluntad de la propia caja de ahorros, se manifieste también la voluntad de otras personas físicas o jurídicas, las entidades fundadoras, que no aparecen en la legislación básica estatal". El Gobierno va a pedir la suspensión cautelar de esta disposición, lo que supondrá su suspensión automática. En cinco meses, el Constitucional decidirá si levanta la suspensión cautelar o la mantiene hasta que haya sentencia definitiva. Fuentes del PP precisaron que el Gobierno también ha recurrido la regulación sobre la nueva elección de los órganos de gobierno de las cajas en adaptación a la Ley Financiera, que reduce el peso público en las cajas al 50%.

El consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacó que "es triste que cuando se producen las referencias del Consejo de Ministros la mayor parte de las que afectan a Andalucía son recursos contra el Gobierno andaluz". Desde la llegada del PP al Gobierno, el Ejecutivo de Aznar ha recurrido distintas medidas del Gobierno andaluz:

- Ley de Cajas de 1999. En enero de 2000, el Gobierno recurrió varios artículos de la Ley de Cajas andaluza, aprobada en diciembre de 1999. El Constitucional suspendió los artículos referidos a Cajasur y todavía no hay sentencia definitiva.

- Libre colegiación. En marzo de 2002, el Gobierno recurrió la libre colegiación de los funcionarios de la Administración autonómica. La Junta reguló la libre colegiación en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2002.

- Pensiones no contributivas. El Gobierno recurrió el complemento que la Junta aprobó para las pensiones no contributivas (las más bajas). En diciembre de 2002, el Constitucional avaló la legalidad del complemento. El Gobierno quiere ahora evitar estas subidas por ley.

- Depósitos judiciales. El Gobierno recurrió la decisión de la Junta de regular la percepción de los intereses generados por los depósitos judiciales (por ejemplo las fianzas) en Andalucía.

- Ley de Doñana. Recurso contra la ley aprobada en el Parlamento sobre el parque de Doñana. Además, presentó un conflicto de competencias sobre un decreto del parque Cabo de Gata-Níjar.