Los cambios en las pensiones provocan un enfrentamiento del Gobierno con PSOE y CiU

Los cambios anunciados por el Gobierno sobre pensiones han convertido la Seguridad Social en un nuevo elemento de enfrentamiento del PP con el PSOE y CiU. El dirigente socialista Jordi Sevilla acusó al Ejecutivo de romper el consenso del Pacto de Toledo con la propuesta de abrir el debate para aumentar el periodo de cálculo de las pensiones y la ley que impedirá a las comunidades autónomas subir las prestaciones no contributivas, que será recurrida por CiU. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, respondió que el Gobierno socialista dejó "el sistema en quiebra". Un estudio de los expertos de Fedea asegura que elevar el plazo de cálculo puede suponer un recorte de entre el 10% y el 25% en las futuras pensiones.

El potencial impacto de esa medida es un recorte de las futuras pensiones contributivas, según un informe de la Fundación Fedea, elaborado por Juan Francisco Jimeno. El estudio (ver gráfico), realizado a partir de 25.000 historias laborales, indica que la modificación del cálculo de la pensión desde los 15 últimos años de cotización ahora vigente hasta los últimos 30 años rebajaría un 10% la prestación. El recorte llega hasta el 25% si el plazo que se tiene en cuenta se eleva hasta los 45 años últimos de aportaciones a la Seguridad Social.

El informe refleja que la pensión media con el actual cálculo de 15 años de cotizaciones, y para una persona que se jubile con 65 años, se sitúa en 20.535 euros anuales. Si el periodo se duplica hasta 30 años, la prestación queda en 18.420 euros, y en el caso de que se eleve hasta 45 años, será de 15.089 euros. Los retrocesos son similares para las personas que se retiren con edades entre los 61 y los 64 años.

Tras el anuncio del Gobierno de abrir ese debate, el responsable de Política Económica del PSOE, Jordi Sevilla, responsabilizó al Gabinete Aznar de estar especializado "en romper consensos y en exigir lealtades y adhesiones inquebrantables". Respecto a los dos cambios anunciados sobre Seguridad Social advirtió que los socialistas no apoyarán unas reformas que, a su juicio, suponen una rebaja de las pensiones.

Sevilla cree que "el Gobierno está rompiendo el Pacto de Toledo, haciendo propuestas unilateralmente. Propuestas que, anuncio ya, no van a ser apoyadas por el PSOE, no vamos a apoyar recortes de las pensiones, que es lo que ha anunciado el Gobierno, tanto de las contributivas, a través del plazo de cálculo, como de las no contributivas".A esas críticas, el ministro de Trabajo respondió que los socialistas "no tienen legitimidad" para hablar de pensiones porque dejaron "el sistema en quiebra" y estuvieron "a punto de hacerlas desaparecer". Tras esa réplica, Zaplana dijo que la revisión del periodo de cómputo no es de "urgencia vital en estos momentos", un debate que aseguró no haber promovido y reiteró que esa cuestión sólo debe abordarse si existe consenso con los sindicatos para acometer la modificación.

En el caso de las pensiones no contributivas, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, salió en defensa de la ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros para evitar diferencias entre las comunidades autónomas en esas prestaciones. Rato recordó que el socialista Manuel Chaves, cuando era ministro de Trabajo, también trató de impulsar la igualdad entre esas pensiones. Por eso reclamó un amplio consenso político, en consonancia con el, a su juicio, total consenso social que ya existe.

Cambio en la ley

El proyecto de ley que aprueba este viernes el Consejo de Ministros precisa que "las pensiones no contributivas forman parte de la caja única de la Seguridad Social". Esas prestaciones de 268,77 euros al mes las perciben 468.000 mayores de 65 años o minusválidos que no han cotizado o no han alcanzado los 15 años necesarios para acceder a las pensiones contributivas.

Asimismo, la norma establece que "esas prestaciones tienen que ser iguales en todas las comunidades autónomas y sus beneficiarios no pueden percibir una cantidad distinta en función del sitio en que residen".

Esa prohibición por ley que plantea el Gobierno a las comunidades abre un nuevo escenario de confrontación con los nacionalistas de CiU que gobiernan Cataluña. "Nosotros seguiremos adelante y nos veremos en los tribunales", avanzó ayer el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, que este año ha previsto en el presupuesto autonómico 1.345.000 euros para los cerca de 60.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en esta comunidad. Este pago único supone que éstos cobren 23 euros, y se ha planteado para compensarles por el diferencial de inflación de Cataluña respecto del conjunto de España en 2000 (0,2%), 2001 (0,1%) y 2002 (0,3%).

El eventual recurso al Constitucional plantea la paradoja de que este tribunal ya ha sentado jurisprudencia con su fallo favorable a la subida de las pensiones no contributivas. "Esto no es una subasta de pensionistas. Estamos haciéndoles más justicia", añadió Mas.

La Junta de Andalucía seguirá asimismo complementando esas pensiones, según anunció ayer el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, y tiene previsto abonar en torno al 28 de febrero, Día de Andalucía, una paga única de 73,8 euros. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, declaró ayer que "el problema lo va a tener Aznar a la hora de hacer este proyecto de ley y ver cómo va a saltear esa sentencia del TC que ha declarado constitucional este tipo de medida".