Calviga alega haber perdido unas actas que le reclama el juez que instruye la querella contra Gimeno

La empresa Calviga, filial del grupo Lubasa, ha presentado un escrito en el que alega haber perdido unas actas que el juez que instruye la querella contra su presidente, Luis Batalla, y uno de sus directivos, Alberto Oller, había reclamado. En la misma querella, presentada por los socialistas en el Ayuntamiento de Castellón por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación en documento público, figuran como imputados el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, que ha de comparecer mañana ante el juez. El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, recibió el lunes la misiva del letrado de la empresa, Manuel Giner, en la que manifiesta la imposibilidad de aportar la documentación requerida porque "no la encuentran". Ésta se refiere a más de una treintena de actas que se levantaron durante las reuniones que han mantenido los directivos de Promoción y Urbanismo del grupo en los tres últimos años, tal como señaló el propio Oller quien dijo que, aunque no se recopilan en ningún libro, sí suelen guardarse.

Fuentes de la acusación particular han querido resaltar la alegación ya que, a su entender, "se está ocultando una documentación que puede ser vital para el desarrollo de la querella". Según las mismas fuentes, el directivo de Batalla declaró que las decisiones urbanísticas de Calviga se toman, mensualmente, en reuniones de comités formados por ocho o diez personas.

El juzgado fue escenario ayer de la declaración, como imputado, del funcionario Juan Barreda, uno de los testigos de la mesa de contratación que informó a favor de la propuesta de Calviga para la adjudicación de la urbanización de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea, operación que ha motivado la querella. Barreda, que acudió asistido por el letrado José Ferrando, se ratificó en sus informes y mantuvo que la mesa de contratación en la que ejerció de testigo no tiene carácter vinculante, sino que únicamente realiza funciones informativas. Además, señaló que la mesa estaba compuesta por otras tres personas, el concejal José Pascual, el oficial mayor, Francisco Javier Llobet, que actuaba como fedatario y un segundo testigo.

El juez interrogó como testigo a la responsable del departamento jurídico de Urbanismo, María José Doménech, que defendido la legalidad de la modificación del PGOU.