Bush dispara el gasto del Pentágono y bate récords de déficit presupuestario en EE UU

"El Gobierno federal debe restringir el crecimiento de cualquier gasto que no esté directamente relacionado con la seguridad física de la nación". El presidente George W. Bush envió ayer al Congreso, con este mensaje, un proyecto de presupuesto para 2004 que concedía a Defensa 15.300 millones de dólares adicionales, lo que elevaba el gasto anual del Pentágono hasta 395.000 millones. El nuevo Departamento de Seguridad Interior recibía 23.900 millones. Todos los demás programas federales sufrían recortes. El déficit ascendía a un máximo histórico de 307.000 millones.

El gasto militar y el déficit gigantesco, que debería sumar 1,08 billones de dólares en los próximos cinco años, según los cálculos contenidos en el propio proyecto de la Casa Blanca, eran los dos rasgos característicos de un presupuesto cuyo monto total era de 2,23 billones de dólares, con un incremento del 4,2%, y que mantenía la línea trazada por Bush desde los atentados del 11-S. Los números rojos de las cuentas federales se debían, según el texto prsentado, a "una recesión y una guerra que no hemos buscado nosotros". El presidente se refería a la campaña contra el terrorismo, una guerra que debía durar "una generación", según el propio Bush, y en la que se englobaban la invasión de Afganistán y la muy probable de Irak.

El proyecto suscitó críticas frontales de la oposición demócrata. "En lugar de ofrecer al país un plan para alcanzar la prosperidad a largo plazo, el presupuesto de Bush carga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, miles de millones de nueva deuda", comentó el senador Kent Conrad, el demócrata de mayor rango en el Comité de Presupuestos.

El apartado fiscal, en el que se proponía convertir en permanentes los recortes de impuestos de 2001 -inicialmente aprobados sólo por un periodo de 10 años- y se añadía una rebaja de impuestos adicional por un total de 670.000 millones, resultaba difícil de justificar incluso para los republicanos. En primer lugar, porque las nuevas medidas fiscales, que incluían la supresión de todo impuesto sobre los dividendos, eran de aplicación muy compleja. En segundo lugar, porque estaban claramente sesgadas a favor de los más ricos: un 1% de la población obtenía el 95% de esos 670.000 millones. Y en tercer lugar, porque la rebaja no iba a estimular apenas el crecimiento económico a corto plazo, en opinión de alguien tan cualificado como Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal.

El volumen total del déficit resultaba monstruoso sobre el papel, tanto en el cálculo para 2004 como en la proyección para los próximos cinco años, y batía todas las marcas históricas. Pero, en términos relativos, el déficit de Bush para el ejercicio próximo (octubre 2003-septiembre 2004) no alcanzaba el 3% del producto interior bruto, mientras Ronald Reagan, modelo del actual presidente, llegó a endeudarse hasta el 6% del PIB en un solo año.

El presupuesto del Pentágono creció un 11% en 2002-2003 y, si se aprobara en los actuales términos el proyecto presidencial, subiría un 4% adicional. Los nuevos fondos debían cubrir aumentos salariales para los soldados de hasta un 6,2%, 1.500 millones de dólares (para alcanzar un total de 4.500 millones) en el equipamiento de tropas de operaciones especiales, la financiación del primer tramo del "escudo antimisiles" y el desarrollo de toda una generación de nuevas armas: los futuros blindados de combate (vehículos híbridos entre el todoterreno y el tanque), el helicóptero Comanche y los aviones de combate y los submarinos teledirigidos, entre otras. El programa de defensa frente a ataques químicos y biológicos era dotado con 1.100 millones de dólares. El clima de guerra impregnaba incluso el presupuesto del Departamento de Estado, al que se concedían 1.500 millones de dólares para reforzar la seguridad de las embajadas y consulados estadounidenses.

Todo lo demás, incluyendo partidas tan cruciales como la educación y la sanidad, era congelado o recortado. Un apartado potencialmente muy conflictivo era la propuesta de dejar en manos de los Estados la gestión de Medicaid, un seguro médico al que se acogen 45 millones de ciudadanos.