Delincuencia urbana

La delincuencia urbana, circunscrita en términos administrativos un tanto aleatorios a núcleos poblacionales con más de 50.000 habitantes, ha aumentado un 5,4% en 2002, a tenor de las denuncias registradas en las comisarías: 1.421.600 frente a las 1.347.800 presentadas en 2001.

El incremento debe apuntarse en el debe del Ministerio del Interior y de las fuerzas policiales, una de cuyas tareas fundamentales, según la ley que regula su actuación, es la prevención del delito. El Gobierno tiende a achacar la escalada delictiva a insuficiencias de la legislación e incluso a la lenidad de los jueces -lo de que los detenidos entran en el juzgado por una puerta y salen por otra ha sido uno de los ejes de su ofensiva de ley y orden- y a eludir cualquier fallo por su parte, como si la seguridad colectiva y la de los ciudadanos en particular no fuera especial responsabilidad del Ejecutivo y de los cuerpos policiales que actúan a sus órdenes.

La legislación siempre es mejorable dentro de los límites establecidos en la Constitución, y la respuesta judicial al delito, sobre todo al de entidad menor pero que más contribuye a la sensación de inseguridad, debe ser la más inmediata posible. Y en ello está el Gobierno, con la instauración de los llamados juicios rápidos, para lo que cuenta con el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas. Pero el deterioro de la seguridad ciudadana, constatado muy especialmente a partir del año 2000, sólo se explica por el fracaso de las políticas del Gobierno para la prevención del delito, consecuencia de la disminución del gasto público en seguridad desde 1996, la reducción paulatina de las plantillas policiales en unos 7.000 efectivos y la transferencia a la seguridad privada de cometidos propios de la pública.

Se comprende que en un contexto de drástica reducción del gasto, cifrada por los sindicatos policiales en unos 3.000 millones de euros desde 1996, los planes del Gobierno para aumentar la presencia policial en las calles -los denominados Policía 2000 y Focus- hayan resultado más bien propagandísticos y escasamente efectivos.

Acabar con la sensación de impunidad frente al delito es cosa de los jueces y de un sistema legal adecuado, pero lo es sobre todo de la policía, cuya presencia y visibilidad en las calles es esencial para disuadir al delincuente y prevenir el delito. ¿Qué mayor satisfacción para el delincuente y frustración para el ciudadano que sólo se esclarezca el 22,72% de las denuncias presentadas en las comisarías?