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El juez imputa al edil de Urbanismo Alberto Fabra en el 'caso Renfe'

El titular del juzgado número 1 de Castellón, Horacio Badenes, dictó ayer una providencia por la que llama a declarar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, como imputado en la querella que los diez concejales del Grupo Socialista presentaron contra el alcalde de la capital de La Plana, José Luis Gimeno, y el empresario Luis Batalla por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público.

En el escrito inicial presentado por los socialistas ya se señalaba a Fabra como presunto autor de los delitos, por su participación en la operación urbanística que acabó con la adjudicación a Calviga, una de las empresas de Batalla, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea a su paso por Castellón. La querella hacía referencia también a otro concejal del equipo de gobierno popular, José Pascual, y a cuatro funcionarios del consistorio. Sin embargo, el juez, en el auto de admisión de la querella, señaló sólo a Gimeno y a Batalla como acusados. De las declaraciones de ambos, que implicaron a sus subordinados, y de las solicitudes de comparecencias de los querellantes, se ha ampliado el listado a Alberto Fabra y a uno de los funcionarios que estuvieron en la mesa de contratación que dictaminó a Calviga como adjudicataria, después de rechazar otra propuesta por un defecto formal. Además, el juez ha llamado, en calidad de testigos, a otros dos funcionarios. Por una parte declarará Javier Vidal, jefe de la oficina de redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el plan se varió durante el proceso, y a la Jefa de Negociado de Urbanismo, María José Doménech.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de enero de 2003